11 de mayo de 2018 00:00

Enseña la historia

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Jorge Villarroel Merino

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La historia nos enseña a no repetir los errores del pasado. Realizando un balance sobre la transformación política y beligerancia de la política ecuatoriana, observamos que en ciertos períodos de nuestra historia, esta beligerancia afectó notablemente a la Policía, desviando su papel de protección ciudadana y articulada más a una noción político – partidista que a una acción social. Por una parte, las reformas de determinados gobiernos prácticamente convirtieron a la Policía en un organismo dedicado gran parte de su accionar a controlar los disturbios y movimientos de masas mediante tácticas represivas para mantener el orden público.

En el pasado, cientos de policías vestidos de civil concurrían y participaban en las barras del Congreso Nacional, obedeciendo órdenes superiores. Funcionarios del Ministerio de Gobierno de menor jerarquía se convertían en abusivos jefes policiales.
¿Qué pasaría si mañana el Ministro del Interior o un alto oficial decide ordenar que no se permita el ingreso a un sitio de concentración de un partido político y a otro si?; ¿que a determinada autoridad o ciudadano no se le otorgue protección por orden superior y a otra sí?; ¿qué esta denuncia se investigue y esta otra no?; qué al mando institucional en sus diferentes niveles no se les permita ejercer su autoridad en las labores propias de su especialidad, desmoronándose la disciplina necesaria en una institución jerarquizada y vertical? No es buena idea obligar a policías en servicio activo a tomar partido a favor del interés particular o político.
El Ecuador no se puede dar el lujo de permitir la politización de la Policía Nacional. Uno de los grandes peligros de un gobierno es la instrumentación partidista de las instituciones. Lo hemos visto con las presiones a la justicia para obtener sentencias favorables a sus intereses o injerencia directa en las actividades profesionales de la Policía. Todo es una clara violación a normas constitucionales, que prohíben a los miembros de la fuerza pública participar en política.
La Policía Nacional es una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.
El cumplimiento de órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten, así lo establece el principio de obediencia establecido en la Constitución y en normas internacionales de derechos humanos. La Policía Nacional se debe a la Nación, en sus funciones específicas obedece a la Constitución, a las leyes de la República y a la autoridad legalmente constituida. Confiamos en que el actual mando lidere la Institución con estos preceptos, exija respeto, recupere y mantenga la dignidad institucional. El que la Policía no sea deliberante, es decir que no tome decisiones políticas, no le exime que, siguiendo los canales regulares sean escuchadas sus inquietudes y recomendaciones para la mejor conducción de una Institución tan importante del país. Es obediente sí, pero de las órdenes legales, ajustadas a la justicia, a la equidad, a la Constitución y a los derechos humanos.

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