26 de enero de 2017 00:00

Engaño público 

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Iván Escobar Cisneros

La prensa informa que el “famoso” Consejo de Participación Ciudadana estaría organizando un nuevo concurso, esta vez, para nombrar el nuevo Fiscal General. Como de costumbre la comisión designada, estará integrada por representantes del gobierno de turno y otros, que actuarían “supuestamente” a nombre de la ciudadanía.

Entre los 5 primeros están ya designados los delegados de las funciones Electoral, de Transparencia, Judicial, legislativa; y, obviamente del Ejecutivo, sobre quienes no hay la menor duda que van a proceder respecto a las instrucciones de sus superiores.

¿Y quienes más conforman la comisión encargada de calificar los candidatos para tan alto cargo?: 3 señoras vinculadas administrativamente a diferentes dependencias del Estado como la Subsecretaría de Transparencia, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud, Servicio de Contratación Pública, Consejo Nacional Electoral y la propia Fiscalía y 2 caballeros conectados con el Ministerio de Trabajo y la Red de Maestros, ésta última creada expresamente para respaldo del Gobierno.

Me pregunto: ¿será posible que este grupo de ex funcionarios del Estado, actúe con independencia? O se inclinará fácilmente por agradecer los favores recibidos?

Esto es lo que lleva actualmente, a los diferentes candidatos a plantear la eliminación de una organización totalmente politizada, que desdice de los sanos objetivos para los cuales fue creada.

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