El Gobierno está accionando en los diferentes campos, tales como la Consulta Popular en el campo Constitucional, el caso Odebrecht y últimamente los delitos por femicidio y de abuso sexual a menores de edad en los campos legal y moral, y en el campo económico el incremento al impuesto a la renta a las empresas mayores y a los aranceles de importación con el objeto de disminuir la salida de divisas. Estas acciones han despertado críticas por parte de los afectados, argumentando que las medidas tomadas serían contraproducentes. Al respecto cabe decir que debido a la gravedad de la crisis heredada es mandatorio tomar medidas urgentes. Así, creo que lo prioritario es impedir el deterioro económico para evitar la quiebra del país, pues si más o menos se necesitan unos USD 10 mil millones anuales solo para pagar la deuda externa, con qué dinero extra pagaríamos, si ni siquiera se incentiva la producción. Al incrementar los aranceles para disminuir las importaciones, vamos a enfrentar las retaliaciones de los países exportadores, incluso podríamos ser separados del Sistema General de Preferencias Arancelarias. Al incrementar los aranceles estamos incrementando el costo de vida en el país.
No hay duda de que los delitos derivados de las coimas, de los incrementos del costo de las obras contratadas, de los femicidios y de los abusos sexuales en contra de menores de edad, han sacado a flote la ineficacia de los sistemas de control, de justicia y el derrumbe de los valores morales y éticos de nuestra sociedad. Falencias que exigen tomar medidas urgentes. El postergar las medidas económicas para tomarlas luego de la Consulta es comprensible, pero puede ser contraproducente por la gravedad de la misma. Creo que un sinceramiento al respecto, para que el pueblo conozca la realidad económica del país y las medidas de austeridad que la situación le obliga a tomar al Gobierno, es imprescindible hacerlo ya, comenzando con la reducción del gasto público e incrementando el apoyo a la inversión para desarrollar la producción en todos los campos y absorber a los empleados públicos que hayan sido despedidos. Así, en el corto tiempo se verían los beneficios.