EL COMERCIO, en su edición del 26 del mes pasado, publica una investigación sobre el traspaso al Estado de las acciones de un grupo de empresas del ramo en función de lo dispuesto en la nueva Ley de Energía Eléctrica.
Entre ellas estarían 10 que venían funcionando como sociedades anónimas, contarían con “altos niveles de gestión, bajas pérdidas y generaban utilidades”, según se afirma.
Si esto es así, no me explico para qué estatizar algo que funciona bien, porque las que registraban “altos niveles de ineficiencia y deuda” ya fueron absorbidas por el Estado.
Las acciones se comprarían a valor contable y no a precio de mercado, como sería lo lógico, pues se trata de empresas en marcha y con utilidades, cuyo monto ni siquiera se pagaría de contado, sino a plazos mediante la entrega de papeles fiduciarios, todo lo cual acarrearía pérdidas importantes para sus tenedores actuales.