El nuevo Gobierno deberá declarar en 2017 la Ley de Extinción de Dominio, para que el Estado pueda recuperar los bienes que hayan sido malversados durante la presente administración. Gracias a esta ley, ha sido posible castigar en muchos países a los beneficiarios de secuestro, extorsión, narcotráfico, delincuencia organizada, así como corrupción política. La “extinción de dominio” es una figura jurídica necesaria, pues la nueva Constitución deja grandes “lagunas legales” en materia de confiscación de propiedades a funcionarios que se aprovechan de la indefinición jurídica vigente. En la actualidad, si alguien denuncia, puede terminar preso teniendo que “probar” la corrupción, en vez de que la Contraloría o Fiscalía actúen de oficio.