Un puesto clave para que el Ejecutivo capte todas las funciones del Estado. El Contralor General debería ser un funcionario ejecutivo, imparcial, no político, que se dedique a hacer cumplir la ley para una correcta administración y control de los fondos públicos. Desde su creación en noviembre de 1927, se establece que la Contraloría General de la Nación, sea un departamento independiente del Gobierno, justamente para evitar la injerencia política y que no se preste para tapar irregularidades. Muy pocos contralores del Estado han podido actuar en forma imparcial haciendo exámenes especiales, auditorías financieras y auditorías operacionales.
En todas las reformas partiendo con el Decreto Ley 1065-A de 1970, lo establecido en la Constitución de 1977 y la expedición en el mismo año dela Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), más aún en 2002 se establece que a más de modificar sus funciones y obligaciones asegura la autonomía e independencia como principio constitucional, objetivo básico en defensa del bien común.
Todo lo anterior no se ha cumplido y no se cumplirá con la actual Administración que, ha vista y paciencia de la ciudadanía se infringe la Ley de Autonomía e Independencia, tapando muchas irregularidades o modificando informes. Sería muy loable que el Sr. Polit acepte una intervención de una comisión imparcial para analizar sus logros o deficiencias administrativas en tantos años de ocupar tan delicada función. Muy pero muy difícil que acepte esta petición popular.