15 de March de 2015 18:26

Del Consejo de la Judicatura

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Patricia Salazar Pazmiño,
Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura

Me refiero al artículo de opinión publicado el 25 de febrero de 2015, bajo el título "Herir a una mujer" cuya autoría pertenece a Monseñor Julio Parrilla. En dicho artículo, el autor señala que ha oído hablar de campañas políticas para erradicar la violencia de género y superar el problema dramático del feminicidio, pero otra cosa muy diferente, indica, es la realidad que exige una auténtica política pública preventiva, legislativa y sanadora.
Monseñor Parrilla encuentra que tres serían los espacios ineludibles para corregir esta problemática: la educación, la familia y la política pública.

Empezaré por este último aspecto, la política pública, con el fin de dar a conocer las iniciativas que ha emprendido el Estado y especialmente la Función Judicial, para erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

Así, empiezo por indicar que a partir del 2013 y siguiendo una recomendación delComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido como
Comité de la CEDAW, el Consejo de la Judicatura hizo realidad una demanda que las organizaciones de mujeres habían realizado por años: que la violencia perpetrada contra ellas y los miembros de su núcleo familiar pueda ser denunciada ante la administración de justicia, ante verdaderos jueces y juezas, no comisarías, y se siga un trámite judicial, no administrativo.

Contamos al momento con 81 jueces y juezas especializados que conocen hechos y actos de violencia intrafamiliar en 18 provincias del país. A estos, se suman 196 jueces y juezas de familia, mujer, niñez y adolescencia, contravenciones, multicompetentes que por disposición del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y del Pleno del Consejo de la Judicatura deben conocer esta problemática donde no existe una jueza o juez especializado.

A este personal judicial se suma un equipo técnico encargado de realizar una primera acogida adecuada a la circunstancia de una persona que sufre violencia intrafamiliar. Dicha atención se fundamenta en "Protocolos de gestión judicial, actuación y valoración pericial a víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar" aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura en el 2014.

Hemos capacitado a los 1700 jueces/as, fiscales y defensores/as que conocen hechos y actos de violencia de género en la aplicación de la nueva normativa que establece el COIP, en los protocolos mencionados y en la solicitud y disposición inmediata de medidas de protección.

Evidentemente, este trabajo se complementa con iniciativas de prevención que efectivamente deben provenir del ámbito educativo. Sin embargo, lejos de considerar que la respuesta a esta problemática está en la religión, ésta se encuentra en la transformación de los patrones socio culturales que consideran a la mujer como un ser de segunda clase, sumisa y servicial de cuyo cuerpo se puede aprovechar para fines que no necesariamente corresponden a Io que ella ha contemplado para su proyecto de vida.

La familia es también, indiscutiblemente, un espacio de transformación de patrones socio culturales. Familias diversas pueden, sin duda, ser los mejores espacios para transmitir el respeto a la libertad, a la diferencia: seres humanos que respeten a otros y por tanto no vejen, no violenten, no terminen con la vida del otro u otra por considerarla inferior, es lo que necesitamos construir.

Nota de la dirección:
Publicamos esta carta, pese a que la Ley Orgánica de Comunicación y su respectivo Reglamento no prevén la réplica a la Opinión.

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