Tres afirmaciones resultan inaceptables, peor si han sido hechas en confesiones públicas:
1. Enojarse y gritar por los pedidos angustiados de los afectados por el terremoto, amenazándoles, supuestamente, con mandarles presos si siguen reclamando o llorando, sin entender el momento crítico por el que están pasando familias enteras.
2. Pedir el inicio de juicios penales a los constructores de las obras afectadas, por no haberse sujetado a las normas necesarias en materia de edificación, sin investigar previamente si la culpa es de ellos. O de los municipios o de los propios dueños, por no tener los permisos respectivos.
3. Oponerse a la creación de una cuenta especial para el manejo de los recursos destinados a la rehabilitación de los sectores devastados por el terremoto, olvidando que en el caso del sucedido en 1949, no solo se hizo eso, sino que, inclusive, se creó una Junta de Reconstrucción independiente.