10 de mayo de 2018 00:00

Un deber cívico 

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Fabián Francisco Pérez de Castro

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Tras la gigantesca ola de corrupción del correato, surgen nuevas voces y acciones de aliento y esperanza. El Consejo de Participación Ciudadana, toma una de las más importantes y transcendentales decisiones, con valentía, al suspender los famosos concursos “amañados” y acabar con la corruptela que se dio en el Consejo de la Judicatura.

Cuando el expresidente, decidió abusivamente meterle “la mano a la justicia”, sobraron las dudas en cuanto a la probidad e idoneidad de los jueces y sus respectivos fallos. La honestidad en la administración de justicia, pasó a ser una cara ambición para quienes con apego a una severa disciplina de ideales que forman su patrimonio legal y moral y son la verdadera columna vertebral en la aplicación de las normas del Derecho.

La Contraloría es otro ejemplo, aunque un poco tarde y con el contralor subrogante Celi, decide practicar el Examen Especial a las deudas interna y externa que el régimen anterior manipuló como le vino en gana, transgrediendo leyes, normas y reglamentos a su antojo y despilfarrando la más grande riqueza nacional. Consecuentemente ese irresponsable y agresivo endeudamiento, se convierte en una deuda impagable en más de USD 65 000 millones.

Las funciones públicas son obligaciones con todo el cuerpo social nacional. Los daños son irreversibles y se extendieron no solamente en lo jurídico, sino también en lo moral, social, político y económico, dejando el perverso e infame correato en un país devastado. La historia los juzgará.

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