Hace 40 años el 16 de Julio 1976 se dio de baja, encarceló y denigró a 1.3 Oficiales de la Policía Nacional, acusándoles de subversivos, por haberse atrevido a presentar las conclusiones a las que arribó una asamblea institucional, que ponían en evidencia clamorosas necesidades que requerían urgente atención del gobierno de ese entonces.
Lo que se pedía en aquellos tiempos para que la Policía pudiera operar eficazmente en el combate a la delincuencia, es anecdóticamente, lo que actualmente hace el Estado ecuatoriano a través del gobierno del Presidente Correa, al entregar a la Policía Nacional de manera continua y planificada, recursos materiales {equipos, armamento, vehículos, uniformes), recursos para la investigación científica (laboratorios, capacitación), recursos tecnológicos para las comunicaciones, infraestructura hospitalaria, capacitación continua en todos los niveles, actualización de las leyes institucionales, incremento de personal, y la mejora de las remuneraciones con salarios dignos y a tiempo, aspecto que siempre fue conflictivo, pues los retrasos estaban en el orden de hasta los dos meses, llegando al extremo que para conseguir el pago de al menos un mes se debía hacer antesala ya sea en el ministerio de gobierno o en el de finanzas, eso sí llevando el respectivo “regalo “en oro o en especies.
La última referencia sucedía en los gobiernos antes, durante y después de la Dictadura Militar, esta última increíblemente ajena a las necesidades de la Policía y con una visión “miope” del momento y del futuro de las instituciones básicas de la seguridad ciudadana, se limitó a proteger con el uso del poder, los abusos y arbitrariedades del incondicional e incompetente mando Policial de ese tiempo.
Hoy, nos cabe la satisfacción de ser testigos de los altos niveles de eficiencia y eficacia logrados por la institución en su trabajo diario, lo que en cierto modo reivindica el maltratado sueño y sacrificio del 16 de julio de 1976.