25 de noviembre de 2016 00:00

¡Pautas anticorrupción!

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Mario Andrade Trujillo

Los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y asamblea, por obligación ética, deben incluir en sus propuestas, un plan de largo plazo para la prevención e investigación de la corrupción, que se convierta en política de Estado, sin importar la agrupación ganadora. En materia de prevención, es indispensable el rescate de la ética nacional, mirando a varias generaciones, pero fundamentándose en el ejemplo de la clase política que debe irradiar honestidad en todos sus actos; impulsar la comprensión y aplicación del control interno en todas las instituciones del Estado para que se logren los objetivos con eficiencia y transparencia; fortalecer la institucionalidad de los organismos de control y la administración de justicia, para que la independencia y profesionalismo, sean requisitos indispensables de sus actuaciones; derogar la disposición que establece la necesidad de contar de manera obligatoria con un informe de la Contraloría, para que la Fiscalía inicie investigaciones penales por manejos irregulares de recursos públicos, porque promueve impunidad y demora deliberada de las investigaciones; restituir a la Contraloría la capacidad de realizar auditorías de gestión, porque es el organismo que en condiciones normales de funcionamiento, debe examinar con apego a la Ley y las normas de auditoría, la eficiencia, eficacia y economía de la gestión de los funcionarios públicos, iniciando por los presidentes de la República y los planes nacionales de desarrollo; promover el control ciudadano a través de universidades, organizaciones sociales, gremios profesionales, y otros, sobre la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, los procesos precontractuales, contractuales y su ejecución, el seguimiento de casos de corrupción denunciados a los organismos de control y administración de justicia, para citar algunas áreas.

En el campo de la investigación, se debe crear una comisión especializada que funcione mientras se fortalecen los organismos de control, para que investigue objetiva y profesionalmente, casos de corrupción, en áreas que son consideradas de mayor riesgo inherente, tales como: la contratación en los sectores petroleros, telecomunicaciones, hidroeléctricas, construcción de carreteras, escuelas, hospitales, publicidad, deuda pública, la administración de justicia, etc. Se debe investigar el incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos y contratistas, para lo que será necesario contar con el apoyo de organismos internacionales de inteligencia financiera, el uso de alta tecnología y generar confianza para que la ciudadanía denuncie a los nuevos ricos.

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