De acuerdo a los antecedentes que han derivado en que el Sr. Presidente de la República, haga respetar su autoridad y dispuesto la regulación o reclasificación contable inherente al pago en exceso de USD 41 millones por parte del Ministerio del Ambiente al Issfa, producto de la transacción irregular sucedida en la compra venta de los terrenos actuales del Parque los Samanes, en Guayaquil, en opinión de muchos ecuatorianos, sobre todo de los civiles comunes y corrientes, constituye un acto administrativo válido y propio de un nivel ejecutivo con poder de decisión y basado en informes vinculantes y de auditoría revelados en su momento por parte del Procurador y del Contralor.
Debemos reconocer que tenemos un Presidente que no anda con rodeos ni le tiembla la mano, como a otros anteriores, para hacer respetar los derechos que corresponden a todos los ecuatorianos.
Esta situación talvez debería ameritar al Sr. Presidente y a los asambleístas a considerar revisar los argumentos legales que se esgrimieron para que, sin ningún tapujo, por el hecho de haber recibido cuantías menores como capital semilla con asignaciones del Estado en su constitución, se hayan liquidado los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y Privados afectando el empleo, así como a miles de sus partícipes al transferirlos al Biess, solo por no ser militares ni policías,ni república independiente.