20 de November de 2014 20:30

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Eduardo Aguirre Maldonado

Considero que sin necesidad de tener un título de abogado, ni haber ganado alguna elección, un ciudadano común está en capacidad y en libertad de opinar respecto a los hechos y decisiones que se toman en el país en cualquier campo. En ese ejercicio, me permito hacerlo sobre el proyecto de enmiendas que se apresta a aprobar la Asamblea Nacional, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional que consideró este como el procedimiento válido para reformar la Constitución vigente. No creo que la simple suma de votos de los asambleístas electos en votación popular, como de los jueces constitucionales, autoelectos por alguna interpretación realizada por ellos mismos, sean suficientes para cambiar el diccionario. Una enmienda, como yo lo entiendo, sirve para corregir un error, sin que cambie lo sustancial, pero me resisto a creer que el instituir la reelección inmediata para todos los cargos de elección popular, que estaba expresamente prohibida en la Constitución de la República, con toda la influencia que este hecho significa para el funcionamiento del Estado, sea una corrección que no cambia lo sustancial. En este caso, como en otros que afectan al principio de descentralización o al control del destino de los recursos, como la restricción a los exámenes de gestión de las entidades públicas por parte de la Contraloría, es evidente que existe una afectación de fondo a la Constitución y se imponía un procedimiento de reforma constitucional a través de una consulta popular. Esto probablemente lo sabrán los propios asambleístas del Gobierno, pero lamentablemente prima la expectativa por conservar el actual estado de cosas. Se impone la consulta.  

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