A propósito de las irregularidades que comienzan a descubrirse en las operaciones de Odebrecht en el Ecuador, se intenta conformar diferentes grupos de trabajo encargados de investigar tales actos de corrupción manifiesta.
Quien realmente debía destapar estas anomalías es el “famoso” Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque aduciendo varios pretextos y por razones políticas, realmente no ha hecho nada en este terreno, lo cual ha obligado a la formación de la Comisión Nacional de Anti corrupción, que funciona exclusivamente con representantes del sector privado; el Frente de Transparencia convocado por la Presidencia de la República; la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional; y, la unidad administrativa que tendrá que crearse por la cooperación solicitada a la ONU a pedido del Gobierno Nacional.
Independientemente de estas unidades investigativas, la Fiscalía General continuará haciendo las pesquisas que este caso exige, para que más tarde la Función Judicial realice las suyas.
Si la política se vuelve el principal mecanismo de indagación, temo que los delitos cometidos por funcionarios, tanto públicos como privados, se diluirán en el tiempo por el mal interpretado “espíritu de cuerpo”, por lo cual creo que debemos confiar exclusivamente en los informes que presente el Fiscal General, porque al menos hasta ahora ha manifestado total independencia, contrariando lo que muchas personas pensábamos al respecto.