22 de julio del 2015 00:00

Árboles destructores en Quito

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Omar E. Guerrero

A propósito del excelente artículo publicado en EL COMERCIO por el periodista Diego Puente, bajo el título de ‘50 árboles son vigilados por peligrosos’, me permito exponer una experiencia familiar conexa, ocurrida el día 19 de junio del 2015, cuando ocupé un parqueadero privado ubicado en la av. Francisco de Orellana de Quito, colindante con un hotel. Al cabo de dos horas de haber dejado nuestro vehículo familiar (dos meses de comprado) y al momento de acercarnos a retirarlo, nos sorprendió que, pocos minutos antes le había caído, desde muy alto, la rama de un árbol (de casi 10 metros de longitud), que destrozó el parabrisas y parte de la carrocería. El costo de reparación bordea los USD 3 500.

La propietaria y el administrador del parqueadero eludieron toda responsabilidad con el argumento de que se trataba de árboles patrimoniales inventariados y mantenidos por el Municipio; que en esta temporada hace mucho viento y que “agradezcan a Dios que ustedes no estuvieron dentro del carro en ese momento”. Respuestas similares encontramos al buscar la posibilidad de entablar un eventual reclamo judicial.

¡Vaya suerte del ciudadano ecuatoriano! Desprotegido ante la carencia de leyes pertinentes y eficientes, que resuelvan con premura este tipo de conflictos y que vayan más allá de respuestas o acciones defensivas configuradas con viveza criolla o de uso recurrente e indiscriminado del “caso fortuito” o la “fuerza mayor”.

Ojalá alguien pudiera decirnos ante qué autoridad competente tendríamos que concurrir para que descubra y responsabilice a la persona o institución causante de esta agresión y que no nos diga: “¡Agradezcan que han tenido seguro y entonces solo pagarán el monto del deducible!”. 

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