Marco Arauz Ortega. Subdirector
No se advierte incomodidad en los funcionarios que hablan de crear un periódico popular que tendrá como objetivo llevar el mensaje gubernamental a los estratos populares. No les molesta el hecho de que, si se llegara a concretar el plan, no se trataría de un medio público sino de un instrumento que formaría parte de la enorme maquinaria propagandística.
Tampoco ven problema en que el proyecto ‘periodístico’ se apalanque en la estructura del Estado -El Telégrafo- y en dineros de entidades públicas como la CFN y el propio Ministerio de Finanzas. Ese gasto publicitario, en cualquier caso, debiera cubrirse con las partidas establecidas para este fin en el presupuesto fiscal.
Pero aparte de este importante detalle que sigue siendo ignorado por las autoridades de control, resulta también claro que un medio gubernamental ni siquiera cabe en la normativa que sobre la comunicación está aprobando actualmente la Asamblea, y que reconoce los medios comunitarios, privados y públicos.
El tema de los medios gubernamentales disfrazados de medios públicos debe incluirse en la discusión previa al segundo debate de la Ley de Comunicación. Lo mismo debe suceder con las cadenas, que deben dedicarse a informar sobre asuntos trascendentales y no ser instrumentos políticos o de propaganda.
En medio de un debate que se desorganizó y se empantanó, la Asamblea está reacia a la regulación de la comunicación gubernamental, y de paso contribuye a que el Gobierno olvide que su principal preocupación no debe ser la promoción sino la obra.