Puede que una protesta de jubilados no tenga ningún impacto en las decisiones de los gobernantes. Puede que sus dudas sobre el financiamiento de sus pensiones no logren cambiar una letra ni un número del proyecto de Ley para la Justicia Laboral que por estos días pasa por la Asamblea. Puede incluso, que la interrupción de la paz de su retiro laboral para manifestarse contra las resoluciones del IESS apenas consiga conmover a algunos afiliados, preocupados quizá por su futura jubilación.
Lo cierto es que, aunque las quejas de los pensionistas sean poco escuchadas, atrás de ellos hay un trasfondo económico profundo.
Esta semana publicamos reportajes alrededor del IESS y el proyecto de Ley que elimina el porcentaje (40%) del aporte estatal para el pago de las pensiones jubilares.
Para los pensionsitas, como se vio, no resulta muy tranquilizadora la versión de los directivos del IESS, asegurando que esos recursos están reservados en el presupuesto estatal de este año, si la misma institución tiene los cálculos de hasta cuándo alcanzaría la plata para pagar a los jubilares sin la contraparte del Estado. Unos 12 años se ha dicho.
A juzgar por el resultado del primer debate legislativo, la Asamblea no parece dispuesta a ajustar la iniciativa del Ejecutivo como no lo hizo con la Proforma presupuestaria, a pesar de que sonaba insensato prever un ingreso de casi 80 dólares por cada barril de crudo que exportara el país.
Esta misma semana informamos sobre la decisión de la entidad de limitar la entrega de los créditos hipotecarios y quirografarios.
Y las autoridades económicas invitaron a la banca privada a compensar esa caída de flujo de recursos a un sector con mucha fuerza dinamizadora de la economía como es la construcción.
El recorte de los préstamos pudiera ser una buena noticia si se trata de una estrategia para sostener la salud financiera del IESS a largo plazo, que es lo que, al fin y al cabo, viene reclamando la voz de los jubilados.