12 de enero de 2016 10:38

La violencia psicológica contra las mujeres recrudece en el país

En Quito, mujeres violentadas reciben terapias de yoga en el Centro Tres Manuelas.  Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

En Quito, mujeres violentadas reciben terapias de yoga en el Centro Tres Manuelas. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)
seguridadec@elcomercio.com

El Ministerio de Justicia planteó el uso de brazaletes electrónicos en ­casos de violencia intrafamiliar. También se propone una reforma al Código Penal.

La despertó a golpes. La tomó del cabello y la sacó de la cama. Luego la arrastró hasta la cocina, mientras le gritaba malas palabras y la obligaba a que le sirviera la comida. Así fue la última agresión que recibió Lucía de su esposo.

Ella tiene 35 años y ahora vive desde hace tres meses en la Biloxi, un barrio del sur de Quito. Allí llegó luego de huir de su pareja. Ella residía en Carapungo, norte de la ciudad, pero tuvo que salir de su casa, pues era la única forma de evitar que el padre de sus dos hijas siguiera maltratándola.

El jueves recordó que eran la 03:00 cuando salió de su hogar con sus hijas de 8 y 10 años. “Él estaba borracho, cogí la ropa de mis guaguas, la envolví con una sábana y salí corriendo, tomé un taxi y me vine al sur”.

Una amiga la recibió, le ofreció un cuarto y le ayudó a conseguir un trabajo en un restaurante. Lucía dice que no ha denunciado a su pareja por miedo. Hay noches que aún sueña que la insulta y la grita. Se despierta asustada.

Info maltrato

No quiere verlo. Se siente tranquila con estar separada
y lejos. Pero dice que si él la encontrara ya sabe cómo realizar el trámite legal.

A cinco minutos de su nueva casa está la unidad de la Fiscalía en la Mena Dos, en el sur de la capital. Allí, a diario se reciben cerca de 15 quejas por violencia intrafamiliar. A esa dependencia llegan mujeres golpeadas, agredidas sexual y psicológicamente.

Esta última es la forma de agredir más frecuente en el país. Así lo señala un informe de la Fiscalía al que accedió este Diario. Según esa entidad, desde agosto del 2014 (mes en que se tipificó la violencia psicológica como delito en el Código Penal) hasta diciembre del 2015, de las 70 237 denuncias de violencia intrafamiliar, 62 859 corresponde a daños a nivel psicológico. Es decir, el 89,4% de víctimas padeció de insultos, humillaciones, dis­criminación, indiferencia y celotipia (celos enfermizos).

Al cerrar el 2015, la Fiscalía emitió un informe en el que señala que la violencia intrafamiliar fue el hecho violento que no se redujo, como sí ocurrió como los robos, hurtos y accidentes de tránsito.

 hacer una comparación entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015 se dice que los casos subieron de 622 a 2 751 a escala nacional.

Antes de la vigencia del COIP (10 de agosto del 2014), la agresión psicológica era ­considerada una contravención y su sanción era una multa económica que fluctuaba entre uno y 15 salarios básicos. Además, esto podía ser reemplazado por labor comunitaria. Ahora las penas están clasificadas en tres escalas que sancionan al agresor con cárcel, que puede estar entre
30 días y tres años.

La sanción depende de los daños, por ejemplo, mentales que tenga la víctima.

Sin embargo, cuando se cumplió un año de vigencia de estas penas, la Judicatura propuso que se reformase la Ley para que la agresión psicológica sea nuevamente considerada contravención. La idea es que se sancione con hasta 90 días de cárcel y que se juzgue a través de un procedimiento expedito (juicio directo).
Aunque esta propuesta aún no ha sido oficializada existe otra como la del brazalete electrónico que ya cuenta con el apoyo de las autoridades.

Ayer, 11 de enero del 2016, la ministra de Justicia, Lady Zúñiga señaló que la implementación de este dispositivo podría garantizar la seguridad de la víctima, pues se colocaría uno en el tobillo del agresor y uno en el de la agredida. Así se controlaría que el agresor no violara la ­distancia restringida dispuesta por un juez para la protección de la víctima. Además, sería una medida que suplantaría la prisión preventiva.

Este Diario conoció el caso de Victoria. El viernes contó a EL COMERCIO que pasaron cinco años para denunciar a su esposo. La mujer, oriunda de El Oro, dice que su pareja todos los días le decía “mantenida”.

No la dejaba trabajar y en una ocasión que empezó a vender perfumes la acusó de trabajar sexualmente. A pesar de que se separó hace dos años, ella aún tiene secuelas. “Hay días que me acuerdo de las peleas y las manos me empiezan a temblar y a sudar”, añade. Incluso entra en pánico y tiene que tomar calmantes.

Especialistas que han investigado esta problemática señalan que estas secuelas son frecuentes y si no se tratan a tiempo pueden ser graves.

Franklin Lescano es director del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, en el Centro de Quito. Allí, el año pasado recibieron ayuda cerca de 29 000 mujeres que sufrieron abusos.

Según Lescano, las víctimas llegan anímicamente destrozadas, con cuadros depresivos, que requerían procesos terapéuticos extensos de más de 12 sesiones. En algunos casos incluso son necesarios programas psiquiátricos, ya que las mujeres pueden pre­sentar suicidios forzados, muertes por lesiones u homicidios. De hecho, en el primer año del COIP la Fiscalía reportó 15 sentencias por el delito de feminicidio.

Por eso, este último año la Fiscalía y la Policía han implementado unidades especializadas en violencia de género. Actualmente son 12 las provincias que cuentan con este tipo de servicio.

Los centros de ayuda a víctimas, como el Tres Manuelas, apuestan por la ayuda integral de toda la familia. Esto incluye a los agresores. Allí, al año se rehabilitan 120 hombres que maltrataban.

En contexto
Las Unidades de Violencia intrafamiliar de la Fiscalía son las encargadas de receptar las denuncias en el país. También se puede acudir a los centros de Equidad y Justicia. Los fiscales dictan medidas de protección a las víctimas para evitar que el agresor las vulnere otra vez.

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