4 de abril de 2017 00:00

La violencia obligó a 2 337 adultos y niños a buscar protección

En la foto se ve la oficina de Quito, en donde se atiende este tipo de casos. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

En la foto se ve la oficina de Quito, en donde se atiende este tipo de casos. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
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Las víctimas están en el anonimato. De Lucía, por ejemplo, solo se conoce que fue atacada por su pareja en el 2016 y que estuvo a punto de morir desangrada. De Andrea, en cambio, hay evidencias de que su exnovio la amenazó y la intimidó en la calle y en su trabajo.

Ahora, ellas y sus hijos forman parted el Sistema de Protección de la Fiscalía, un programa destinado a apoyar a víctimas y testigos de delitos.

Luis Torres dirige esta unidad en Pichincha y reconoce que a diario llegan “decenas” de solicitudes desde la Fiscalía y los juzgados, para que se incluyan en el programa a mujeres agredidas por sus parejas.

¿Todas las afectadas ingresan al sistema? No. Para que eso ocurra, un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y policías entrevista a las víctimas e identifica los niveles de riesgo que hay. El informe de los agentes es clave. Ellos analizan el historial de ataques, los partes médicos y la actitud del agresor.

Los resultados pueden tener tres parámetros: si está entre 1% y 33% se considera que existe riesgo bajo para las víctimas; de 34% a 66%, peligro medio; y de 67% a 100%, un nivel alto.

Según ese cálculo, la Policía fija tres tipos de protección para la mujer: domiciliaria (vigilancia solo en casa), permanente (supervisión las 24 horas del día en la calle, trabajo y vivienda); y semipermanente (acompañamiento por horas).

Ese análisis se hizo cuando la Fiscalía conoció el caso de Angie, una joven agredida en el centro de Guayaquil, en junio del 2015. Tras la entrevista se decidió que ingresara al sistema con vigilancia completa.

El nivel de riesgo era alto: los sospechosos del ataque estaban prófugos y, además, la denuncia reveló violencia extrema. La víctima relató que la arrinconaron afuera de un bar y luego la insultaron y le cortaron los glúteos y el rostro.

En los últimos dos años, 2 337 personas han ingresado al sistema de protección de Fiscalía, por razones de género. La mayoría es mujer (84%). De las 2 337 víctimas, el 62% son niños y adolescentes. Este es el grupo más vulnerable.

En la Unidad de Protección de Pichincha explican que los menores pueden ingresar como víctimas directas o indirectas de los delitos. En el primer caso se trata de chicos que perdieron a su madre (femicidios) o por agresiones sexuales; y en el segundo grupo están hijos de mujeres que denunciaron violencia doméstica.

Los cinco niños de Marcia, por ejemplo, fueron incluidos en el programa hace dos meses. A inicios de enero, ella fue asesinada por su pareja, en Conocoto, al oriente de Quito.

Un caso similar sucedió en Guayaquil. Dos pequeños, de 2 y 10 años, quedaron huérfanos, luego de que su padre atacara a su esposa y luego se suicidara.

El Ministerio de Justicia ya ha analizado este fenómeno y ha expresado su preocupación. Durante las tres primeras semanas de enero, esa Secretaría de Estado reportó 26 menores huérfanos en 14 femicidios perpetrados en esos 21 días.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos también estudió estos hechos y advirtió que entre enero y noviembre del 2016 se registraron 80 femicidios en 16 provincias del país. Pichincha tuvo la mayor cantidad de casos con 16, seguido de Guayas con 14. En 15 de ellos, el responsable se suicidó.

Los niños que ingresan al programa reciben asistencia psicológica, médica, educativa. Pero Natasha Villacreses, psicóloga de la Unidad de Protección de Pichincha, admite que a los pequeños les cuesta más adaptarse a su nuevo estilo de vida, pues van a casas de acogida temporal.

En Pichincha hay 15 policías que se encargan de vigilar a las mujeres que ingresan al sistema. ¿Es suficiente? En la Unidad de Protección dicen que sí. Hasta ahora no se han registrado ataques contra las víctimas que están en el programa.
Sin embargo, un estudio levantado en el 2016 en la Universidad Andina Simón Bolívar detectó falencias.

Allí se dice que a pesar de que el Reglamento del Sistema de Protección de la Fiscalía exige que las unidades que operan a escala nacional “deben contar con el apoyo de personal militar para asistir y proteger a los beneficiarios, hasta la presente fecha (2016) no se cuenta con esa asistencia”.

Y luego aclara que el trabajo únicamente de vigilancia recae en los agentes de la Policía Judicial. Por eso -advierte- que la falta de personal es un problema en las 24 oficinas del país.

En Azuay, por ejemplo, “se cuenta con tan solo ocho agentes de protección para cumplir todas las tareas a ellos encomendadas”.
Pese a esto, en julio del año pasado, el fiscal general Galo Chiriboga defendió el sistema y aseguró que el “programa no busca solo proteger a la víctima, sino sacarla de la condición de vulnerabilidad en la que está en ese momento y reinsertarla a la sociedad”.

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