6 de March de 2015 20:42

Videovigilancia intenta frenar 7 tipos de delitos

Un policía resguarda uno de los operativos que se ejecutó en un burdel de Quito, en el 2014. Foto: EL COMERCIO.

Un policía resguarda uno de los operativos que se ejecutó en un burdel de Quito, en el 2014. Foto: EL COMERCIO.

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Javier Ortega

El tiroteo silenció la música en la discoteca. En medio de los casquillos y de las botellas de alcohol quedaron los tres cadáveres. Otros seis jóvenes sobrevivieron. Fue uno de los últimos hechos violentos perpetrados dentro de un centro de diversión nocturno. Ocurrió el 14 de febrero pasado en Guayaquil.

El local, clausurado desde entonces, no tenía guardias de seguridad ni videovigilancia.

Hechos como estos aceleraron la creación del acuerdo ministerial que obliga a los dueños de bares, discotecas, burdeles y moteles la instalación de cámaras en pasillos, ‘lobbies’, zonas de ingreso, recepción y en el área de cobro.

Un día después del tiroteo en el local guayaquileño, la Policía dio los primeros datos. El triple crimen se inició por una “riña por la falta de respeto” de una de las víctimas hacia una mujer que acompañaba a los sospechosos que hoy están detenidos.

De hecho, los investigadores señalan que las riñas son uno de los siete delitos que ocurren en ciertas discotecas y ‘night clubs’ que funcionan en el país. Los robos y asaltos, el porte de drogas y de armas, los homicidios y la trata integran esa lista.

No son hechos aislados. En el 2013 seis personas fueron acribilladas en dos burdeles ubicados en el sur de Quito, apenas a cinco metros de la sede sur de la Universidad Central.

En uno de esos crímenes los desconocidos balearon a tres personas porque aparentemente hubo una discusión en el interior del local. Hoy esos sitios están clausurados. Incluso en una fachada cuelga un cartel en el que se anuncia la venta del predio. En el Distrito hay unos 286 centros de diversión para adultos.

En junio del 2014, cuando la Intendencia cerró de forma definitiva uno de estos burdeles, los agentes rescataron a una joven de 17 años. El Ministerio del Interior advirtió que “todo indica que la muchacha era obligada a prostituirse”.

Ese día, los uniformados hallaron un revólver calibre 22, cinco cartuchos, esposas y chalecos antibalas.

Hace un año, un hombre de 29 años fue baleado en los exteriores de un burdel que operaba en el norte de Quito. La víctima recibió seis disparos.

El control a estos establecimientos se ha endurecido en los últimos años. De hecho, el Ministerio del Interior señala que los operativos en contra de los locales de diversión para adultos son parte de “una estrategia integral del Gobierno para fortalecer la convivencia social pacífica de los quiteños y de lo ecuatorianos”.

El objetivo es “eliminar focos de riesgo delictivo que amenazan a zonas tradicionales y residenciales”.

En la capital se detectó que al menos el 20% de los burdeles funciona cerca de complejos académicos y viviendas.

Gonzalo Lara es dirigente de los 120 centros de tolerancia que han sido clausurados en los últimos meses en la capital porque aparentemente incumplieron las ordenanzas municipales. Dice que desde el 2012 los propietarios del 90% de estos locales empezaron a instalar circuitos cerrados para dar seguridad a los clientes.

De ahí que no se oponen a la medida que fijó el Ministerio del Interior. Sin embargo, entre los administradores de estos establecimientos todavía se desconocen los detalles del documento. “Ellos ordenaron que se haga esto. Nunca tomaron en cuenta nuestra opinión”.

En marzo del 2013, cuando se iniciaba la implementación de la videovigilancia en el país, el Ministerio Coordinador de Seguridad decía que “el montaje de las cámaras de videovigilancia cumple estrictas normativas que limitan su operación única y exclusivamente a espacios públicos y siempre precedido de un profundo análisis técnico consensuado”.

Centros de diversión para adultos que funcionan en Guayaquil ya cuentan con circuitos cerrados de seguridad. Foto: Santiago Arcos/ EL COMERCIO.

Centros de diversión para adultos que funcionan en Guayaquil ya cuentan con circuitos cerrados de seguridad. Foto: Santiago Arcos/ EL COMERCIO.

En Guayaquil, en cambio, el 80% de los 333 burdeles y moteles ya cuenta con videovigilancia, según la Intendencia.

Los administradores de los moteles también desconocen de forma oficial el acuerdo. Ayer, 6 de marzo del 2015, uno de ellos aseguraba que se enteró de la medida por los medios de comunicación. Otro comentaba que por iniciativa propia estos establecimientos ya instalaron cámaras. “Hace un tiempo nos robaron. Se llevaron el dinero y esa fue una de las razones para comprar las cámaras”.

En Quito, no todos los moteles tienen cámaras en la zona de acceso. El propietario de uno de los locales que sí cuenta con un sistema de videovigilancia en la entrada dijo que la cámara filma a los vehículos que llegan. Pero entre los administradores también hay hermetismo y evitaron pronunciarse sobre la disposición del Ministerio del Interior.

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