24 de octubre de 2014 17:54

Dos objeciones en el veto del Ejecutivo a la ley de fondos privados

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Mónica Orozco. Coordinadora (I)

El presidente Rafael Correa remitió ayer, 23 de octubre del 2014, el veto a la Ley de fondos que busca pasar la administración de los recursos de 54 fondos de ahorro privados al Bando del Afiliado (Biess).

Estos fondos que han centrado el debate público los últimos tres meses nacieron en los años 70 con miras a mejorar la jubilación y cesantía de trabajadores públicos y privados, como un beneficio adicional a los que entrega el Seguro Social. Se denominan “cerrados” porque en ellos solo pueden participar los trabajadores de una misma empresa, como los fondos del Banco de Fomento, de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, etc.

El proyecto se centró inicialmente en el Fondo de Cesantía del Magisterio, pero luego se amplió a otros fondos con el argumento de supuestos malos manejos, lo que ha sido rechazado por sus administradores, y porque recibieron aportes estatales.

Los fondos han defendido que menos del 10% de sus activos son aportes del Estado y señalan que deben ser los trabajadores que ahorraron esos recursos quienes escojan su administrador.
En el país existen 64 fondos previsionales cerrados, que registran unos 210 000 afiliados.

El proyecto de ley afectará solo a 54 que, según el oficialismo, habría recibido aportes estatales. Estos fondos tienen activos por USD 1 055 millones hasta junio pasado. No obstante, el número definitivo de fondos contemplados por el proyecto se determinará luego de que la Superintendencia de Bancos realice auditorías, según fijó el proyecto de ley y que ya dispone el Código Monetario, hoy en vigencia. Este último incluso fijó un plazo, para ello, de 180 días.

El Mandatario hizo dos objeciones al proyecto a este proyecto aprobado en segundo debate por la Asamblea.

La principal objeción se refiere al nombramiento de un coadministrador por parte de la "Súper" de Bancos mientras duran las auditorías, como planteó la Asamblea.

Para el Ejecutivo, esto significaría que la "Súper" sea, a la vez, quien controle y el controlado, por lo que sugirió nombrar un interventor y no un coadministrador.

Mire el documento del veto

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