12 de March de 2010 00:00

El veto de Correa, en entredicho

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Redacción Política
[email protected]omercio.com

La ONU   y la Constitución   aseguran que la comunicación es un derecho ciudadano y  no un bien ni un servicio, como se pretende definirla   en el veto presidencial a la Ley  de Participación Ciudadana. 
  
La Comisión ocasional de la Asamblea,  que redacta el proyecto de ley de Medios, empezó su  tarea de ayer con ese debate: ¿qué  es la comunicación?

La intención de  Alianza País ha sido siempre dar a la comunicación la categoría de bien público.  Esto se evidenció cuando  Rolando Panchana  presentó en septiembre su iniciativa legal. 

Bajo  ese concepto,  los contenidos periodísticos  podrían ser regulados por el Estado para que la ciudadanía no se sienta afectada. Esta idea, sin embargo,  fue rechazada por la Comisión tras  aceptar la definición de derecho  que las Naciones Unidas y la Carta Magna   aplican a  la comunicación. 

En el  art. 17 del proyecto de ley  de Comunicación, que fue sometido a primer debate en la Legislatura, se señala que    “las personas  tienen derecho a  expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas y otras, a través de todas las formas o medios de comunicación”.
  
Betty Carrillo (A. País), titular  de la comisión, ratificó ayer que ese principio se mantendrá en el informe del proyecto   para segundo debate. “La comunicación es un derecho y el espectro radioeléctrico es un bien público”.

No obstante,  aseguró que el veto a la Ley de Participación Ciudadana, enviado el lunes por el Primer Mandatario,   debe ser analizado de forma diferente. “No aborda el concepto de comunicación, sino del servicio   que prestan los medios. En ese sentido, sí se puede  considerar que  brinda  un servicio público”.

Según la visión del Régimen,  la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones.

La Presidencia plantea  que los medios rindan cuentas, bajo un sistema estructurado y vigilado por el Consejo de Participación Ciudadana. Además,
que cualquier  persona o  grupo pueda exigir un informe a los medios. 

Sin embargo, la categorización de servicio público que se hace en este veto no tiene una legislación clara. La Constitución y  la Ley de Defensa del Consumidor  señalan que el servicio público es domiciliar, como el agua, la luz eléctrica y el teléfono.

María José Troya, de la Tribuna del Consumidor, aseguró que al no  existir  una definición  más amplia, se da espacio  a esta   falencia.
 
Para Cynthia Viteri (M.  Guerrero), la intención del veto presidencial es controlar a la prensa e insiste  que el acuerdo al que llegaron  la oposición y el oficialismo  para apuntalar una  Ley de Comunicación  sin una desmesurada regulación estatal fue solo un señuelo.

La Asamblea comenzó a discutir el veto  de Correa. La oposición quiere armar un frente para neutralizar la propuesta presidencial; pero debe  correr contrarreloj porque necesita  conseguir 82 votos hasta antes del 3 de abril. Para eso es clave Alianza  País, pero aún no ha definido su posición.

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