3 de December de 2009 00:00

Los vecinos de la Pisulí recibieron las escrituras de sus terrenos

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Redacción Quito

Luego de 26 años de espera, los moradores del barrio Pisulí recibieron las escrituras de sus terrenos.
 
Para llegar a este sector, ubicado en el noroccidente de la capital, es  necesario subir una empinada avenida. María Matabay  llegó  a este sector hace 17 años y recuerda que la vía principal, que ahora es asfaltada, era de tierra y piedras.



La cronología
1983.  En esa fecha se inició la apropiación e invasión de los terrenos de la Hacienda Pisulí. Estos lotes  pertenecían alMinisterio de Salud Pública. 
1983. Se crea la cooperativa de vivienda Pisulí. En esta entidad se inscribieron 1  885 socios. 
1996.  El 16 de diciembre  se compraron las 104,8 hectáreas de terreno a la cooperativa de vivienda Jaime Roldós. El monto de la compra fue de 61 millones de sucres.
2006.  El 2 de agosto los moradores de Pisulí, agrupados en  el Frente del Comité de Desarrollo Comunitario 1° de Mayo,    interponen un recurso extraordinario de revisiónDirección Nacional de Cooperativas. Ellos piden la revisión de cuentas de la cooperativa Pisulí.
2008.  El Ministerio de Inclusión Económica y Social dispuso que se entreguen los títulos de propiedad a todos los socios. Luego se dispuso la intervención en la cooperativa.Antaño, para llegar hasta su vivienda que es de cemento y techo de zinc, debía caminar entre huecos y trampas de lodo en el invierno. “Cuando llovía, las calles  eran  lodazales y no había ningún carro que pueda  llegar”.  Ahora, la vía  principal está  pavimentada  y  permite el ingreso de los vehículos particulares  y también  del sistema de transporte. Hasta este sector llegan dos líneas de buses urbanos: Águila Dorada y Paquisha.

Aunque la calle transversal donde vive Matabay aún es de tierra, asegura que está en mejores condiciones que hace más de 10 años. “Antes esto era un bosque y cuando llovía caían ramas y piedras sobre la calle”.
 
La mujer, de 52 años, asegura que  buscó en Pisulí un lugar para vivir, porque estaba cansada de pagar arriendos. Se inscribió en la cooperativa de vivienda que se instauró y compró su lote de terreno. En aquella época -dice Matabay- pagó  a la cooperativa 1 300 000 sucres por su  lote.    

Juvenal Andrade, coordinador del Frente del Comité de Desarrollo Comunitario 1° de Mayo, asegura que este sector fue una invasión, que empezó a formarse desde 1983. “Esta fue una hacienda  del Ministerio de Salud Pública. Aquí no teníamos servicios básicos ni transporte”.

Andrade manifiesta que durante estos 26 años han atravesado una serie de problemas legales y de infraestructura. Recuerda que en 1996 se logró   un primer acuerdo para legalizar los 1885 lotes de terreno que pertenecen a la cooperativa de vivienda Pisulí. Ese año, según el dirigente, se compraron por 61 millones de sucres  los terrenos a la cooperativa de vivienda Jaime Roldós Aguilera.  “Allí conseguimos las escrituras globales, pero luego no hubo la repartición a los socios. El trámite se estancó”.

María Maldonado, quien vive en este sector desde hace 18 años, recuerda que pagó 2 000 sucres por su lote, pero solo hasta hace una semana recibió la
escritura del terreno. Ella afirma que la anterior directiva de la cooperativa de vivienda Pisulí no agilitó los trámites.
 
En 2006 hubo una entrega de lotes a  550 socios, pero  Andrade señala que esta legalización dejó fuera a más de 1300 socios.  Así, los reclamos por la demora en la entrega de los títulos de propiedad individual llegaron a  otras instancias estatales.

Los moradores agrupados en el  Frente del Comité de Desarrollo Comunitario presentaron, en 2006,  un recurso extraordinario de revisión al ahora  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Ellos exigían que se realice una fiscalización a la labor de la directiva de la cooperativa de vivienda Pisulí.
 
A través de la Resolución 173, el MIES dispuso que “se atienda a los socios de la cooperativa recurrentes, en su petición de que se proceda a adjudicarles los lotes de terreno  (...) en un plazo de 90 días”. Sin embargo,  el plazo no se cumplió, por lo que la Dirección Nacional de Cooperativas declaró la intervención en la cooperativa  Pisulí.
 
Así, la semana pasada, el Municipio y el MIES entregaron 180 escrituras a los socios.  Maldonado fue una de las beneficiadas. “Luego de muchos trámites y de tantos abusos del que fuimos víctimas, al fin tenemos nuestros papeles en orden”.

Sin embargo, este proceso ha dividido a los moradores de Pisulí.  En la casa barrial, que está ubicada junto al parque rehabilitado, permanece un grupo de vecinos realizando una vigilia. 

Estefanía Tigasi  vive desde hace 18 años en el sector y  apoya a los directivos de la cooperativa Pisulí. “Los  interventores no pertenecen  al barrio”.  A esta joven la acompañan otros moradores, quienes no se identifican ni hablan de sus reclamos.

Mientras tanto, aún está pendiente la legalización de otros 500 lotes. Ximena J., quien vive en el sector desde hace 18 años, afirma que hasta el momento no tiene la escritura de su terreno, pese a que ya canceló su deuda con la cooperativa.

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