1 de June de 2009 00:00

Cuánto vale un general

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Miguel Rivadeneira V.

La inseguridad ciudadana sigue siendo un problema irresuelto. Una de las instituciones llamadas a intervenir en este campo es la Policía Nacional. Según la nueva Constitución, se trata de una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión principal es atender la seguridad ciudadana y el orden público.  El gobierno asumió el desafío  en el año 2007, se empeñó en concretar su modernización. No se puede dejar de reconocer que para ello destinó nuevos recursos económicos, materiales y humanos. Incluso, en forma reiterada se anunció que en dos años sería la mejor Policía de la región, pero el problema no es simple, como se señala en los discursos. Sigue latente la necesidad de la reforma estructural. Por planes no ha faltado, desde 2003, de lo que muy poco se ha hecho. ¿Cuál es el plan actual, por dónde van la brújula y los resultados concretos en  seguridad ciudadana?

La Policía es un ente fundamental para la sociedad; merece respeto y  atención, pero no puede seguir así. Cuenta con personal y unidades especializadas destacadas,  que han dado resultados positivos en sus tareas, pero también uno de sus principales problemas ha sido la corrupción, que incluso se ha tapado a altos oficiales. Cometen errores y lo que se ha hecho es “agradecerles por los valiosos servicios prestados”. En el anterior cambio, a comienzos de esta administración y cuando salieron otros nueve generales, ¿acaso no se habló de corrupción de miembros de la cúpula, pero solo quedó en eso?

Es necesaria la depuración institucional. Con la corrupción, cuando se detecta, no puede haber contemplaciones.  Igualmente, con la ineficiencia y falta de resultados concretos en las misiones encomendadas. Sin embargo, en los dos años y cinco meses de administración se han ido 22 generales y eso debe preocupar. Esto hace daño a la propia imagen institucional.

El proceso pasa por una mejor selección, formación, calificación, eficiencia y dignidad para que no lleguen a los más altos rangos quienes no tienen cualidades ni profesionales ni morales.

El Presidente tiene la atribución constitucional y legal de designar a los integrantes del alto mando militar y policial y así ha procedido, pero uno de los objetivos debe ser la estabilidad institucional, supervisar y pedir cuentas y resultados a sus mandos. No es posible que en este lapso hayan existido 10 comandantes generales (cuatro la última semana), la mayoría por minutos hasta consumir las ternas y llegar al oficial deseado. Cuánto le cuesta al Estado -ergo a los ciudadanos- el formar un general, con más de 34 años de inversión, que se va con una muy buena pensión de retiro, beneficios y compensaciones (el caso de ex comandantes, aunque sean por minutos).


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