Virginia Alta, secretaria general de la Universidad Andina; Álvaro Mejía, procurador y Pablo Aguirre, jefe financiero durante la rueda de prensa. Autoridades de la UASB aseguraron haber dado las facilidades al IESS durante la inspección. Foto: EL COMERCIO
La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) reaccionó de forma inmediata ante las declaraciones que emitió hoy, 28 de enero del 2016, la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Geovanna León.
Ella señaló que el equipo técnico del IESS que ingresó a la UASB, el 25 de enero pasado, no contó con todas las facilidades que requería la inspección. El procurador de ese centro internacional de estudios de posgrado, Álvaro Mejía, desmintió esas declaraciones.
“Consideramos necesario aclarar lo que ellos dicen (…) Han venido no menos de 17 funcionarios a realizar estas revisiones, desde el lunes, y nosotros hemos adecuados aulas para que estén cómodos, porque no se les podía asignar a una oficina. Se les ha entregado la documentación solicitada. Escuché que no se les dio Internet, pero no les podemos habilitar oficinas solo para aquello. No conocemos su necesidad de aquel servicio si únicamente hacen una revisión documental”, manifestó Mejía en una rueda de prensa esta tarde.
En cuanto a la entrega de fotocopias para los trámites, Mejía indicó que la UASB, como organismo internacional, tiene un convenio de privilegios e inmunidades suscrito con el Estado ecuatoriano y, por consiguiente, los archivos son inviolables.
“Para obtener copias, se debe hacer una solicitud en Cancillería y nosotros así las entregaríamos. En las dos décadas de existencia de la Universidad Andina, siempre se ha entregado información y se requiere de un trámite”.
En la rueda de prensa del IESS, Geovanna León manifestó que, luego del muestreo de los roles de pago revisados en la UASB, se encontró que la institución no consideró valores para declarar al IESS. Un primer cálculo da cuenta de que serían USD 1,2 millones.
Ante eso, Mejía cuestionó que primero debe tramitarse un acto administrativo en el que se notifique a la Universidad para que “nosotros podamos defendernos y agotar las vías judiciales para saber cuál es el tema. No valoraremos lo prudente e imprudente, adecuado o inadecuado de haber dado un pronunciamiento previo antes de terminar el trámite administrativo, pero ya que se lo dio, nosotros tenemos que manifestar nuestra posición”.