19 de agosto de 2016 00:00

La Unión Europea destaca avances   para sellar el acuerdo

Peter Schwaiger, delegado de la UE en Ecuador, durante la evaluación del acuerdo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Peter Schwaiger, delegado de la UE en Ecuador, durante la evaluación del acuerdo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

La reforma tributaria para ajustar el impuesto a los consumos especiales (ICE) de productos importados fue visto por la Unión Europea como una señal positiva de Ecuador para resolver los temas pendientes que permitan sellar el acuerdo comercial con ese bloque.

Ayer (18 de agosto), el delegado de la UE en Ecuador, Peter Schwaiger, hizo una amplia evaluación sobre la situación previa al cierre del convenio y las acciones que ha llevado a cabo la representación diplomática que dejará a partir del próximo mes.

El funcionario destacó los ajustes que se han hecho en cuanto a normas técnicas y a la propuesta enviada a la Asamblea sobre el cálculo de la base imponible del impuesto a los consumos especiales (ICE).

Desde hace dos años, para determinar el monto a cancelar se toma en cuenta el valor del producto, los tributos aduaneros y los costos y gastos financieros, administrativos y de utilidad del importador.

El Gobierno reconoció que este cálculo es complejo para el importador y, además, que era un tema reclamado por la Unión Europea, por lo que remitió el proyecto de Ley de Incentivos a varios sectores productivos para ajustar la fórmula. Schwaiger destacó esta medida como “una buena señal” por parte de Ecuador.

Felipe Cordovez, titular de la Asociación de Importadores de Licores también destacó el tema. Indicó que, actualmente, el 90% de las importaciones legales de bebidas alcohólicas viene de la Comunidad Andina y Mercosur. En el 10% restante están productos de varios mercados como Europa.

Los impuestos han afectado la importación desde el bloque de licores como el whisky escocés. Lo propio sucedió con la compra de vehículos desde el exterior, incluidos los de la UE, que representa el 3% de las unidades extranjeras que llegan al país, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

En el caso de este sector, el cupo fijado para la importación es uno de los temas que genera “inconvenientes” en el proceso previo al cierre del acuerdo. Tanto los europeos como los miembros de Aeade esperan que el Gobierno tome una decisión sobre el tema.

Otro tema que debe resolverse es el del Decreto 522, “que dispone que los medicamentos que ya no tienen protección de patentes se deben vender como genéricos”. Asimismo, está la decisión de poner límites para que las aseguradoras locales puedan, en ciertos ramos, contratar reaseguros en el exterior.

La aplicación de salvaguardias, que está en análisis tanto en la UE como en la Organización Mundial de Comercio (OMC), es otro tema pendiente. Al bloque le preocupa que haya bienes como camiones y motos que aún tienen 40% de sobretasa, lo que ha “reducido las importaciones casi a cero”.

El bloque considera que se debe determinar si aún se justifica el mecanismo. De lado de la OMC se espera una nueva reunión en octubre. Para esa fecha, el Fondo Monterio Internacional (FMI) deberá presentar un nuevo informe sobre las salvaguardias.

Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), aspira a que todos estos temas se resuelvan previo a que el Consejo de la Unión Europea trate el acuerdo con Ecuador, para que todos los pasos se sigan dando de forma rápida.

Entre los exportadores existe preocupación de que no se concrete el acuerdo este año, pues sin este tratado y sin las preferencias arancelarias el impacto anual por aranceles alcanza los USD 400 millones.

Además, entre las empresas europeas que compran productos nacionales hay expectativa por lo que suceda en los próximos meses. Han ofrecido comprar bienes nacionales, pero con condiciones. Según Legarda, a los exportadores les correspondería pagar los aranceles en caso de que no se concrete el acuerdo.
El sector privado y el Gobierno esperan, además, que se cumplan los tiempos y que ningún proceso previo a diciembre se retrase. La siguiente semana se inicia el proceso para que los países europeos envíen sus observaciones sobre el acuerdo y en la primera semana de septiembre podrán tratarlas en una reunión.

Si no hay ninguna objeción, el tema podría ser analizado de manera anticipada por el Consejo de la Unión Europea. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, planteó el mes pasado a las autoridades europeas la posibilidad de abordar este tema en septiembre, en el seno del Consejo de la UE, que trata asuntos generales y no el 21 de octubre como estaba previsto.

Una vez que el Consejo apruebe el texto se firmará el protocolo de adhesión. “Creo que la firma debería ser antes (del 11 de noviembre, fecha tentativa para esta fase), para dar suficiente tiempo al Parlamento (para tratar el tema). Preferentemente debería ser en octubre”, dijo Schwaiger.

Si todo sucede conforme a lo previsto, el Legislativo europeo podrá tratar el tema hasta el 12 o 13 diciembre. Este será el último paso para que el acuerdo comercial pueda regir desde el 1 de enero del 2017.

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