30 de agosto de 2016 20:44

12 formularios contra la UNE se han presentado en dos días

La madrugada del 29 de agosto, dos de las sedes del gremio de maestros, ubicadas en Quito y Guayaquil, fueron allanadas. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La madrugada del 29 de agosto, dos de las sedes del gremio de maestros, ubicadas en Quito y Guayaquil, fueron allanadas. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Diego Puente

A las oficinas de la comisión que se encarga del proceso de liquidación de la Unión Nacional de Educadores (UNE) acudieron 24 personas. Solo 12 de ellas llenaron formularios en los que se denuncian presuntas irregularidades que habría cometido el gremio de los docentes.

Este martes 30 de agosto fue el segundo día en el que la comisión receptó denuncias en contra de la UNE. Según información de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito solo tienen 12 formularios llenos. En algunos no constan denuncias, sino consultas que se hacen por escrito.

La mañana del 30 de agosto la comisión no atendió en las oficinas que se improvisaron en las calles Wilson y 6 de Diciembre, en el centro norte de Quito. Las puertas cerradas, cadenas y candado impedían al paso del edificio en donde funciona una parte del colegio Manuela Cañizares.

En la tarde, a partir de las 13:00, aproximadamente, empezaron las actividades. Este Diario se contactó con la presidenta de la comisión (no se pone su nombre por motivos de seguridad) para conocer las razones de la falta de atención al público. La funcionaria indicó que no daría ningún tipo de declaración. “Si necesita información acuda a la Subsecretaría”, mencionó.

En un comunicado del Ministerio de Educación se señaló, días atrás, que la atención iba a ser desde las 09:00 hasta las 16:00. También se informó que otra oficina iba a ser abierta en Guayaquil, en las calles Aguirre y Malecón.

La UNE se encuentra en un proceso de liquidación por incumplir, según el Ministerio de Educación, con las disposiciones que obligaban a sus dirigentes a registrar la directiva siguiendo los lineamientos de su propio estatuto. El lunes 29 de agosto, policías y fiscales allanaron los locales del gremio. El titular de esta cartera de Estado, Augusto Espinosa, comentó que la orden tuvo orden de un juez. Justificó la medida porque el grupo de maestros, dijo, no entregó la información necesaria para que continúe su liquidación.

La presidenta de la agremiación, Rosana Palacios, dijo que se debe cotejar cada denuncia con la información que ya posee el Ministerio. Comentó que ellos ya no tienen acceso a las cuatro computadoras y no podrían verificar los datos que presentaron los denunciantes.

Ella negó que se haya sacado información, con respecto a las afiliaciones de las oficinas que tenían en Quito y en otras provincias.

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