23 de julio de 2016 00:00

La UNE se disolvería por no registrar directiva

Rosana Palacios (celeste) y Elvis Moreira (centro, de blanco) se pronunciaron ayer en la sede de la UNE, en Quito. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO

Rosana Palacios (celeste) y Elvis Moreira (centro, de blanco) se pronunciaron ayer en la sede de la UNE, en Quito. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO

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Diego Puente
dapuente@elcomercio.com (I)

El proceso se sigue contra nueve organizaciones sociales. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Quito, notificó a cada una a través de una comunicación oficial. Ahí se les informa sobre el inicio de un proceso que podría derivar en la supresión de su personería jurídica.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) está en el listado. Ayer, los directivos del gremio dijeron que el documento no tiene “elementos de forma” ya que no se establece puntualmente la posible falta en la que habría incurrido el gremio que cumplió 66 años de existencia.

Elvis Moreira, presidente de Pichincha, argumentó que el documento del Ministerio no tiene base jurídica. Tampoco está dirigido a la representante jurídica del gremio. “El comunicado es simple, ilegal e inconstitucional. No corresponde y debe ser rechazado y archivado”, señaló.

A su criterio, se intenta crear una cortina de humo para dirigir la atención del pedido de juicio político en contra del Ministro de Educación, Augusto Espinosa, que se tramita en la Asamblea, al debate sobre la legalidad de la agrupación.

Debido a que observan una posible “mala fe” del funcionario público que firmó el documento, los miembros del gremio pedirán la intervención directa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impedir que se los afecte.

El 5 de agosto del 2016 se realizará la convención del colectivo nacional de dirección de la UNE para definir acciones en contra del accionar del Ministerio. Rosana Palacios, presidenta de la agrupación, dio un adelanto de las medidas que tomarán. “La respuesta política será responderles en las calles. Esta persecución a la UNE aumenta más las razones para ir para nuevos actos de movilización”. A la iniciativa se sumó el Frente Popular.

Palacios informó que enviaron a la OIT la documentación recibida del Ministerio. Con esto, buscan que una comitiva venga desde Ginebra (Suiza) hasta Ecuador. Es la segunda vez que hacen este pedido.

“Esta figura jurídica permite que intervenga directamente, lo más pronto. Es cuando subsiste el acoso del Gobierno a una organización”, declaró.

El experto en derecho constitucional David Ochoa dijo que este proceso se parece al que inició la Secretaría de Comunicación (Secom) en contra de Fundamedios para terminar con su personería jurídica, debido a supuestas violaciones estatutarias y legales.

En el caso de la Unión Nacional de Educadores hay un problema adicional. “Se le va a hacer difícil presentar descargos porque no sabe cuál es la infracción que se le está investigando”.

El documento de dos páginas con el que el Ministerio informa el inicio del proceso llegó a las oficinas el jueves 21 de julio. De este se desprende que la UNE presuntamente incumplió con la Codificación y Reforma Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, expedido con Decreto Ejecutivo No. 739.

En el artículo 22, la normativa señala que será causal de disolución “incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la Ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”. Entre ellas: falsedad en la documentación, desviarse de los fines para los cuales fue constituida o dedicarse a actividades de fines partidistas, entre otras. Sin embargo, no señala la falta de la UNE.

La noche del jueves, el Ministerio de Educación envió un comunicado de prensa en el que indica que el incumplimiento de las nueve organizaciones es al artículo 18, que norma la elección de las directivas y su registro.

Este artículo determina que las organizaciones sociales que gozan de personería jurídica registren su directiva conforme al estatuto que rige a cada organización.

Para Ochoa es necesario que la Cartera de Estado envíe un alcance al primer documento para precisar la falta cometida.
Sin embargo, Palacios dice que esta acusación “no tiene piso” ya que enviaron, en junio pasado, al Ministerio los nombres de las autoridades elegidas en mayo.

Palacios participó de una rueda de prensa junto con directivos provinciales y líderes de otras organizaciones políticas como el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, estuvo en la cita con los medios. Estableció una relación directa entre la posible sanción con la presencia de los dirigentes sindicales, en oposición al Régimen, en la cita que mantuvieron en junio pasado con los miembros de la OIT. Según Erazo, en esa reunión denunciaron posibles atentados a la libertad de asociación en Ecuador.

El Gobierno ha tachado a estos gremios de ser anexos del extinto Movimiento Popular Democrático, actual Unidad Popular. Sus líderes han admitido su militancia o simpatía por este partido.

El presidente Rafael Correa se ha referido a los miembros de la UNE como los que “mantuvieron secuestrada la educación”. También los acusó de “tirapiedras” por oponerse en las calles a medidas gubernamentales.

En los diez años de Gobierno, desde el oficialismo se han impulsado gremios para apoyar su labor en el frente educativo. Uno de esos colectivos es la Red de Maestros.

Correa y el ministro de Educación Augusto Espinosa han legitimado sus políticas educativas con sus miembros. Ellos han respondido. Ayer, respaldaron a Espinosa, que enfrenta un proceso de fiscalización en la Asamblea.

En contexto
En el marco de un pedido de juicio político en contra del Ministro de Educación, la Cartera de Estado inició un proceso para disolver al gremio de maestros que ha estado en contra de las políticas gubernamentales. La UNE anunció movilizaciones para defenderse.

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