Redacción Negocios
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El Gobierno avanza en la estructuración de la reforma tributaria, que el Presidente enviará a la nueva Asamblea Nacional.
Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó ayer, en una entrevista en Radio Quito, que el impuesto mínimo que deberán pagar las empresas rondará entre el 0,8% y el 1%, sobre el nivel total de sus ventas. El funcionario mencionó que hay empresas cuya declaración del Impuesto a la Renta equivale al 3% o más de su facturación. “Esas compañías no tendrán ningún problema”, agregó.
Sin embargo, existen empresas que declaran cero y esas tendrán que pagar del 0,8% al 1%. El funcionario puso como ejemplo a las empresas del Grupo Noboa, cuyo Impuesto a la Renta causado no supera el 0,2% de sus ventas y, concretamente, a la Bananera Noboa, que paga el 0,1%.
El Gobierno concibe el impuesto mínimo como una compensación, por parte de las empresas, por el uso de la infraestructura pública gratuita para realizar actividades económicas.
El tributo funcionará como un anticipo del Impuesto a la Renta que en la actualidad se devuelve a los contribuyentes bajo la modalidad de crédito tributario, pero que, de aprobarse la reforma, estará sujeto a devolución solo cada tres años y si la empresa se somete a una auditoría del SRI.
Otra meta de la administración tributaria es que, al solicitar un crédito bancario, las compañías deban presentar los mismos balances que entregan al SRI en la declaración de impuestos. “Ningún banco daría un crédito a una empresa que ha declarado pérdidas años de años”, advirtió.
El proyecto tributario contempla, además, el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas del 1% al 2%. Carrasco defendió esta medida como un intento por superar el déficit en la balanza comercial no petrolera.
Otros puntos en la reforma son un impuesto a los dividendos que reciben las personas naturales en las empresas. También se plantean cambios en la fórmula de cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los licores, las bebidas gaseosas y los cigarrillos.
Carrasco anunció, además, que el país empezó diálogos con algunos países que constan en la lista de paraísos fiscales del SRI y que quieren salir de esa categoría.
Uruguay, por ejemplo, presentará un informe para justificar su eventual salida del listado.
Carrasco reconoció, sin embargo, que ese país está emprendiendo una reforma tributaria que eliminará algunos aspectos que lo caracterizan como paraíso.
En tanto, países que forman parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) y también son paraísos fiscales, como Antigua y Barbuda, empezarán un proceso de intercambio de información con el SRI.
Por otra parte, Carrasco advirtió que Ecuador habría sido incluido en un listado de países que no tienen un marco legislativo que permita el combate al financiamiento de actividades terroristas, elaborado por el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI).
Carrasco aseguró que el país ha enviado informes al GAFI desmintiendo esa aseveración.