Redacción Política
La primera semana de enero, la Comisión de Comunicación se reactivará. Su trabajo será concretar los cambios previstos en el acuerdo legislativo que, según el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se mantiene firme.
En total, son siete enmiendas que serían conocidas, pero no se descarta tratar otros temas sensibles que no fueron incluidos en el pacto legislativo.
Uno de ellos es la obligación de que los periodistas tengan un título en Comunicación Social. María Augusta Calle, asambleísta de A. País y parte de la Comisión, asegura que el espíritu de la ley busca asegurar que esa norma sea un requisito solo para los directores de las áreas informativas y de opinión de los medios de comunicación mas no para los reporteros.
Este artículo ha sido cuestionado. Por ejemplo, Lourdes Tibán, de Pachakutik, ha dicho que el texto no está claro y que puede afectar a los trabajadores de medios comunitarios, donde se encuentran muchos indígenas.
En cambio, sectores como la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central apoyan que la medida sea obligatoria. Daniel Borja, quien estudia en el quinto semestre de ese centro, piensa que la medida es necesaria para mejorar el trabajo de los medios de comunicación.
Él y sus compañeros de aula llevaron su pedido a la Asamblea el martes pasado. Ellos portaban un cartel que señalaba que 10 300 egresados de las facultades de Comunicación respaldan ese artículo del proyecto de ley.
Un segundo tema pendiente será el pedido para que se revisen los plazos otorgados para que los medios rectifiquen noticias equivocadas. Según el proyecto, tendrán 48 horas para publicar la respuesta, luego de recibir un reclamo. Si esto no sucede, el afectado podrá llevar su reclamo al Defensor del Público, quien puede iniciar un proceso contra el medio de comunicación.
Para asambleístas como María Paula Romo (Alianza País) ese texto también debe ser analizado, para evitar confusiones.
El tercer tema sensible es la creación del Defensor del Público, quien es un funcionario que puede mediar entre las audiencias y los medios de comunicación. Esta es una de las innovaciones que trae el proyecto legal.
Sin embargo, esa idea ha sido cuestionada porque implica la creación de una estructura burocrática similar a la Defensoría del Pueblo, organismo que tiene una década de funcionamiento.
El proyecto pretende que funcione una dependencia nacional y que tenga oficinas en cada provincia, para resolver las demandas contra los medios.
En la reunión de los jefes de las bancadas de la Asamblea se trató sobre la creación de esta Defensoría, pero no se tomó una resolución, a pesar de que se anticipó que esta figura implicará el aumento de gasto público.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, aseguró que estos tres temas y otros serán analizados para mejorar el proyecto de ley para el segundo debate. Para esa tarea tendrá 45 días, luego de que se termine la primera discusión en el Pleno de la Asamblea.