17 de March de 2010 00:00

El traspaso del campo Palo Azul a Cayman se criticó desde 2001

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Redacción Judicial

Los problemas por la exploración  de  Palo Azul  se arrastran desde  2001.  El  9 de febrero de ese año, el entonces  vicepresidente del desaparecido Congreso,  Antonio Posso,  presentó   ante   la Fiscalía    General del Estado   una denuncia. 

En ese entonces, el ex legislador   indicó que  esta operación   es un  salvataje petrolero por USD 1 100  millones a través de la adjudicación  ‘ilegal’  de  Palo Azul  desde    Petroecuador hacia  el   consorcio  Cayman y Petromanabí.

Con base en  esa denuncia,  la  Fiscalía comenzó una investigación y anteayer fijó fecha para  formular cargos contra  30 ex  funcionarios del Ministerio de Energía y  de Petroecuador por el presunto delito de  peculado, en 2001: la audiencia será el próximo lunes, a las 10:00, en la Sala II de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

En la lista  aparece el ex  presidente Gustavo Noboa.  Ayer, su abogado,   Joffre Campaña,     señaló que    no  conoce  el    pronunciamiento de la Fiscalía. “Por lo tanto, (Noboa) no ha dado pronunciamiento alguno sobre este tema”.
 
Quien sí recibió la notificación es el ex presidente de Petroecuador Jorge Pareja Cucalón.  El ex funcionario reconoció que  en   el escrito enviado por la Fiscalía  se  establecen   indicios de peculado. “Yo no tengo nada que ver en esto. Lo único que  hice  en 1999  es pedir  a Petroproducción que   proceda a    estudiar el tema,   para la perforación del pozo petrolero”.

Este   contrato de participación también  fue cuestionado en  el 2008. El 18 de febrero de  ese año,  el entonces procurador  del  Estado,  Xavier Garaicoa,   pidió al ex ministro de  Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, que declarara la caducidad del  contrato.

En el documento de   12 páginas, Garaicoa   reseñó  que  hubo un traspaso previo, el 19 de diciembre  de 1995, entre Petroecuador  y la compañía  Amoco  Ecuador,  para la exploración  de hidrocarburos  y explotación de petróleo en el  bloque  18. 

Por eso, Garaicoa señaló     que la transferencia de ese 40% de los    derechos y  obligaciones se realizó  “sin contar con la  autorización del Ministerio de   Energía y Minas”.

Estos antecedentes también fueron    tomados en cuenta   para que la Fiscalía se pronuncie. Ayer, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, sostuvo que el lunes próximo  presentará  individualmente los cargos para cada funcionario. “Tengo que ir desenvolviendo todo el proceso y diciendo  por qué  los he llamado a esta etapa inicial del proceso.    Tenemos  90 días   para realizar las diligencias”.

Al mediodía  y tras conocer  el pronunciamiento del Fiscal,  el experto en temas petroleros, Fernando Villavicencio, se reunió con el bloque legislativo de Pachakutik  en un  hotel del norte de Quito.  Allí, Villavicencio  señaló que la presentación de cargos  también debe extenderse a funcionarios de este Gobierno.

La  Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) presentó  a la Fiscalía  el pedido para que se investigue a cuatro  personas que en este Régimen supuestamente manejaron  el área petrolera. En el documento de nueve páginas,  Fetrapec dijo que  existe fraude técnico   “en la determinación  falsa  de que hay   yacimiento común”.

En la  reunión,  Pachakutik  analizó el caso Palo Azul. Allí, la asambleísta Diana Atamaint dijo que  el fiscal Washington Pesántez “actúa solo cuando está en apuros”.

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