4 de julio de 2017 00:00

Transportistas urbanos de Quito paralizarán el servicio en busca de alza del pasaje

Los transportistas debatieron durante cerca de cinco horas para llegar a un acuerdo sobre la medida de hecho. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

Los transportistas debatieron durante cerca de cinco horas para llegar a un acuerdo sobre la medida de hecho. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
Redactora 
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Representantes de 57 operadoras de servicio de transporte urbano e interparroquial del Distrito Metropolitano de Quito acordaron una paralización progresiva del servicio en la ciudad.

El acuerdo fue que arranque hoy, 4 de julio de 2017, a las 00:00 y se extienda hasta las 09:00. Lo decidieron tras una reunión que duró más de cinco horas en la sede de la Cooperativa San Cristóbal, en el Centro Histórico de la capital.

Durante su reunión, los dirigentes del gremio acordaron, además de paralizar el servicio, agruparse en puntos estratégicos y bloquear el tránsito en peajes y avenidas de importancia y alta circulación como la Mariscal Sucre, la 6 de Diciembre, De la Prensa, Eloy Alfaro, Teniente Hugo Ortiz, la Ruta Viva... Y en sectores como la Loma de Puengasí, la Villa Flora, el puente de Guajaló y la Pasteurizadora Quito.

Esa es su respuesta a la decisión del alcalde Mauricio Rodas de posponer el segundo debate de la normativa que planeaba instituir una política tarifaria en Quito y que implicaba un alza de USD 0,25 a USD 0,30 en el pasaje del servicio convencional.

El bloque de Alianza País envió ayer, 3 de julio, un comunicado mediante el cual criticó la actuación del Cabildo con respecto de la calidad del transporte público en la ciudad.

El concejal Carlos Páez, del bloque de AP, coincidió con los transportistas en que el paro es una responsabilidad de la Alcaldía y una “consecuencia de sus errores”. Pero consideró que es necesario que se genere un debate amplio y participativo en la sociedad, por fuera de las presiones gremiales como es la medida de hecho anunciada para la jornada de hoy.

Aunque Alianza País ve como legítima la aspiración de los transportistas de mejorar sus ingresos, luego de 14 años tener una tarifa congelada, Páez señaló que eso debe estar subordinado a la calidad en la prestación del servicio, como un tema prioritario.
Los usuarios son ciudadanos con derechos, puntualizó el edil y agregó que en ese marco se esperan las alternativas que presente Rodas.

El viernes 30 de junio, cuando estaba convocada una sesión extraordinaria para aprobar la ordenanza sobre el incremento de los pasajes, se conoció extraoficialmente que no se conseguirían suficientes votos para lograrlo, debido a la posición de Alianza País.

Sus miembros concluyeron que el proyecto de ordenanza no satisfacía la necesidad de implementar un sistema de transporte público eficiente, porque la medición de los parámetros de calidad constan como un anexo técnico en la ordenanza y eso le restaba jerarquía a un asunto que consideran debe ser central.

El proyecto de ordenanza fue redactado, en principio, por la Secretaría de Movilidad, con base en una consultoría. Luego pasó por la Comisión de Movilidad, en la cual se realizaron los ajustes durante dos reuniones extraordinarias.

Esta instancia agotó todas sus herramientas en la ordenanza, explicó su presidente, Eddy Sánchez. Eso incluyó mesas de trabajo con representantes de usuarios, transportistas y el sector académico y técnico. Pero considera que en este momento se debe intensificar ese diálogo desde el Cabildo, para hallar una solución.

Por eso hace un llamado para tomar esa vía porque en este momento “casi estamos llegando a una pulsación de fuerzas” entre sectores que se oponen al incremento en el pasaje y los que lo exigen.

La idea ahora es conseguir una resolución consensuada. “Esa fue la razón por la cual no se efectuó la sesión del viernes. El Alcalde decidió cancelar la convocatoria con el ánimo de llegar a una solución consensuada, no a una puja en que termine ganando una u otra tesis por un voto”.

Para Sergio Garnica, uno de sus integrantes, la medida de hecho es un desacierto del gremio de los transportistas, ya que la Constitución prohíbe la paralización de servicios públicos. “El Código Orgánico Integral Penal señala que la paralización de ese tipo de servicios es un delito que lleva una pena de uno a tres años de cárcel”, apuntó. El edil plantea que los transportistas debieron reunirse para generar una propuesta sensata sobre la preocupación de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio que prestan, en lugar de organizar una paralización.

Si la medida se extiende, señaló, la Municipalidad podría disponer de las unidades que forman parte de la flota de la Empresa De Pasajeros para solventar la situación, y se deberían llevar a cabo acciones de orden legal frente a quienes obstruyeron las vías y paralizaron el servicio.

Los representantes de 12 operadoras que asistieron a la reunión y que tienen contratos con el Municipio para servicios troncalizados como el de los corredores Central Norte, Sur Oriental o Sur Occidental se mostraron preocupados sobre los efectos que tendría el paro en su situación.

Ellos evitaron dar declaraciones, pero extraoficialmente se conoció que buscarían medidas alternas para apoyar la medida sin que eso les signifique incumplir con las condiciones contractuales.
Mientras tanto, estudiantes de la Universidad Central llamaron a una asamblea entre el 4 y 5 de julio, para oponerse al aumento en la tarifa.

Punto de Vista:

‘Hace falta una política pública’
Diego Hurtado,
Experto en movilidad

El debate debe ir más allá del alza del pasaje. El problema es que hace falta una política pública que permita desarrollar un proceso a largo plazo en el tema del transporte. Cada administración negocia y no permite sostener en el tiempo una mejora en el servicio.

Es el ciudadano el centro de la movilidad, y debe pensarse en torno a él, los tiempos, las rutas, la comodidad y la seguridad. Una vez que se ofrezca un servicio de calidad, la gente no tendría un dolor por pagar más y dejaría el auto en casa. En otros países incluso se aplican impuestos a la gasolina, a los vehículos y a los estacionamientos, para subsidiar el costo del transporte. En Singapur, por ejemplo, sacar el carro es tan costoso que la gente prefiere usar transporte público, pero se ofrece un servicio de calidad.

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