12 de mayo de 2018 00:00

Transportistas amenazan con trabajar solo ocho horas

El irrespeto a las paradas y la conducta inapropiada forman parte de los incumplimientos a la lista de parámetros de calidad del servicio que restan puntos a los transportistas. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

El irrespeto a las paradas y la conducta inapropiada forman parte de los incumplimientos a la lista de parámetros de calidad del servicio que restan puntos a los transportistas. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

valore
Descrición
Indignado 32
Triste 1
Indiferente 6
Sorprendido 0
Contento 10
Ana María Carvajal
Redactora
amcarvajal@elcomercio.com (I)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los transportistas urbanos de Quito afirman que no pueden seguir trabajando a pérdida, debido a que la tarifa está congelada desde hace 15 años. Por ello, una de las medidas que analizan tomar es reducir la jornada de trabajo de cada unidad a ocho horas diarias.

Así planean enfrentar la decisión que aprobó el Concejo Metropolitano para suspender el pago de compensaciones, que rige desde febrero pasado y que debía estar vigente máximo hasta junio del 2019. En sus cálculos, una unidad trabaja al menos 14 horas diarias.

Según la concejala independiente Daniela Chacón, esta suspensión será temporal y tendrá efecto mientras se realiza una auditoría externa del proceso para el pago de compensaciones entre enero del 2015 y junio del 2017, y el nuevo modelo vigente desde febrero pasado. En este último caso, debía pagarse USD 1 000 mensuales y el primer desembolso, que estaba planificado para abril, aún no se ha realizado.

Según un informe entregado por la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad al Concejo, en febrero y marzo se fiscalizó el trabajo de 2 027 de las 2 133 unidades que pertenecen a cooperativas o empresas de transporte privadas.

En el 69% de los casos aprobaron con el cumplimiento del 75% o más de los 29 parámetros de calidad del servicio que fijó el Cabildo como requisito para pagar la compensación.

Sin embargo, el dinero solo llegará a sus destinatarios si la auditoría que el Concejo pidió contratar a la Alcaldía certifica que debe ser pagado. Chacón explicó que en la resolución del Concejo se especificó que la auditoría debe empezar por la compensación de febrero, para entregar lo más pronto posible el dinero a quienes aprueben este proceso sin inconvenientes.

Jorge Yánez, presidente del consorcio Evolución de la Movilidad, informó que los transportistas mantuvieron una reunión privada con profesionales del derecho para analizar las acciones legales que presentarán ante la función Judicial la próxima semana.

El gremio dice que la resolución del Concejo afecta derechos como el de trabajar con una remuneración justa y por ello se acogerá a su derecho constitucional a la resistencia.

Esto pese a que el año pasado suspendieron por varias horas operaciones y un grupo de transportistas enfrentó investigaciones y sanciones por suspensión de un servicio público como es el transporte.

La resolución del Concejo Metropolitano tomada el jueves 10 de mayo del 2018, en sesión extraordinaria, también dispone a la Secretaría de Movilidad entregar su propuesta de tarifas para transporte urbano, interparroquial y mixto. Esta también debe tener la propuesta del valor para los viajes en el Metro de Quito y Quito Cables. Este último aún está en espera.

La Secretaría debía haber entregado esta información en un plazo de 90 días, a partir del 8 de febrero pasado.

Como eso no ha ocurrido todavía, el Concejo pidió a esta entidad entregar la información y dio a la Comisión de Movilidad un plazo de 15 días remitir su informe. A partir de eso, fijó otro plazo de siete días para que el alcalde Mauricio Rodas ponga en un orden del día el tratamiento de este tema.

Aunque fue Chacón quien presentó la moción de suspender el pago de compensaciones en el Concejo, la decisión fue tomada por los 12 concejales que hicieron público un manifiesto en el que pedían a los ediles Eddy Sánchez (MASS) y Sergio Garnica (independiente) dejar sus curules a cargo de sus alternos, mientras se investigan denuncias de supuesta corrupción en las que constan sus nombres.

Ambos ediles forman parte de la Comisión de Movilidad, que deberá tratar el tarifario propuesto por la Secretaría del ramo. De hecho, Sánchez es quien la preside.

Los concejales se negaron a cumplir con este pedido debido a que afirman no tener responsabilidad en el caso y que en el Concejo debería prevalecer la presunción de inocencia.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (14)
No (4)