Eduardo Jurado es el secretario general de la Presidencia. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
¿Se mantendrá el esquema de transparencia de información que se manejó en el Gobierno anterior?
Todas las entidades del sector público tienen la obligación de cumplir con la ley y la norma vigente. Se incluye a las entidades de la administración pública central e institucional, reguladas por el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) y la Resolución N.007-DPE-CGAJ de la Defensoría del Pueblo, pues dicha entidad es la que vigila el cumplimiento de la Lotaip (art. 11).
¿En qué difiere la orden del presidente Moreno respecto a que se transparenten todos los procesos?
El presidente Moreno dictaminó que se transparenten dichos procesos en su informe a la Nación del 24 de mayo de 2018 y se refirió específicamente a ellos, por ser medulares en su cruzada contra la corrupción y la optimización del Estado. Esto no difiere con lo anterior porque se está cumpliendo con lo estipulado en la ley, sin embargo ahora se realizó un énfasis en la obligatoriedad que existe.
Actualmente cada entidad maneja distintos formatos de transparencia y en algunos casos no hay cómo hacer comparaciones históricas. ¿Se va a establecer un único formato que cumpla con la política de datos abiertos?
Tenemos una gran noticia: Ecuador solicitará formalmente su incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto, en el cual la Presidencia , a través de su Secretaría General, será el punto de contacto del país ante ese multilateral. La primera medida será la formulación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que deberá elaborarse con todas las funciones del Estado, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades. En ese marco se definirán los datos que la ciudadanía requiere del Estado, con el objeto de generar valor social y económico. Y se procurará utilizar plataformas amigables y con bases homogéneas de datos de fácil acceso y reutilización.
¿Cómo se corregirá la discrecionalidad con la que algunas instituciones transparentan sus procesos contractuales?
Se creó un equipo técnico interinstitucional integrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), los ministerios de Telecomunicaciones y del Trabajo para garantizar la calidad y homogeneidad de la información subida por las carteras de Estado a sus páginas web.
¿Se incluirán los contratos complementarios, órdenes de trabajo, adendas que evidencian los costos reales de cada convenio?
El equipo técnico interinstitucional determinará si es posible que dicha información sea transparente y accesible para la ciudadanía.
¿Qué tipo de control se aplicará para que cada entidad cumpla con la transparencia de uso de recursos, contratos y personal?
La Secretaría General de la Presidencia creará un espacio de coordinación con la Defensoría del Pueblo para facilitar, mejorar y volver mucho más oportuno el control que dicha institución debe hacer a todas las entidades del Ejecutivo, en el marco de lo que dispone la Lotaip. Sin embargo de aquello, la Presidencia controlará mensualmente a todos los ministerios para verificar que cumplan con lo que dispone la ley.
¿El acceso a la información se extenderá a las empresas públicas que se han suprimido o están en liquidación, como Enfarma, que durante cinco años compró medicinas pero nunca produjo un medicamento?
Toda la información histórica y vigente de orden contractual reposa en la base de datos del Sercop. En ese sentido se trazará una estrategia de trabajo para que dicha información esté al alcance de la ciudadanía a través del canal informático adecuado.
¿Cómo está el proyecto de Datos Abiertos, iniciativa liderada por la exsecretaría de la Administración Pública, que se suprimió vía decreto en 2017?
Formará parte del Plan de Acción de Gobierno Abierto que se formulará e implementará en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Se planifica actualizar la Guía de Políticas Públicas de Datos Abiertos y mejorar el Portal de Datos Abiertos alojado en la Senplades, pero esto debe realizarse de manera cocreativa con la sociedad civil y la academia.
Su formación.
Es ingeniero industrial y en las últimas tres décadas se ha desempeñado en el sector de los sistemas informáticos y telecomunicaciones.
Su trayectoria.
Empresario con amplia experiencia en el sector privado. Es accionista de nueve empresas.