22 de marzo de 2017 21:11

El trámite de Ley sobre paraísos fiscales inició con delegados de la Contraloría y del CNE

Representantes de la Contraloría, CNE y Consejo de Participación Ciudadana presentaron este 22 de marzo sus observaciones al proyecto enviado por el presidente Rafael Correa sobre los paraísos fiscales. Foto: EL COMERCIO

Representantes de la Contraloría, CNE y Consejo de Participación Ciudadana presentaron este 22 de marzo sus observaciones al proyecto enviado por el presidente Rafael Correa sobre los paraísos fiscales. Foto: EL COMERCIO

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Mario Alexis González
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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional citó para este miércoles, 22 de marzo del 2017, a Carlos Pólit, contralor general del Estado; Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Electoral (CNE); y Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana; para iniciar el trámite de la ley para la aplicación de la consulta del 19 de febrero. Solo Jarrín asistió.

Pólit, mediante comunicación, informó que por el fallecimiento de un familiar en Guayaquil no pudo asistir y delegó a Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría. En el caso de Pozo indicó en un oficio que no compareció por tener que atender asuntos relacionados con las elecciones del próximo 2 de abril. Lo representó Ricardo Andrade, coordinador jurídico del CNE.

El motivo de la presencia de estos funcionarios en la Asamblea era para que presenten sus observaciones al proyecto enviado por el presidente Rafael Correa, ya que este propone reformas al Código de la Democracia, la Ley de Servicio Público y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.

Vallejo indicó que el proyecto establece que los funcionarios con bienes y capitales en paraísos fiscales deberán transferirlos en el plazo de un año y luego declararlo en la Contraloría para que este organismo solicite la destitución de quienes no lo cumplan.

Pero -aclaró- que la Contraloría no tiene las competencias para comprobar bienes y capitales en el extranjero sino solo en el país. Por lo que se le debería entregar a la Contraloría nuevas atribuciones como la auditoría forense, es decir, utilizar técnicas criminalísticas.

Además pidió que en el articulado se aclare cuál será el plazo para que los funcionarios que no acaten los mandatos de la ley sean destituidos. Así como a qué institución la Contraloría deberá dirigir los procesos de destitución para que esta se haga efectiva.

El asambleísta Wilson Moreta (Creo) pidió, en medio de las intervenciones de los comparecientes, que se tome en cuenta que la ley que se está tramitando presenta conflictos con la Constitución, ya que esta establece las prohibiciones para ser elegido por votación o ser funcionario público y no deja abierta la posibilidad de incluir nuevos ítems vía reforma legal.

Andrade, delegado del CNE, indicó que esta entidad tiene observaciones únicamente de forma y redacción. Dijo, por ejemplo, que la redacción del proyecto no guarda relación con el estilo utilizado en el Código de la Democracia.

Añadió que el Consejo no podrá actuar de oficio para rechazar la candidatura de un ciudadano por tener valores en los paraísos fiscales ya que ese impedimento no consta en la Constitución y vía ley no se puede interponer al mandato de la Carta Magna.

Por lo que -dijo- esta prohibición deberá llegar por una apelación de otra organización política. Pidió también que en el articulado se incluya a los legisladores y parlamentarios andinos en la prohibición ya que en el proyecto original no se los toma en cuenta.

Luis Fernando Torres (PSC) dijo que en la ley se está tratando de incluir mandatos que no se incluyeron en la consulta, ya que en esta se preguntó sobre una prohibición para ejercer un cargo público más no para ser candidatos ya que alguien podría serlo y solo si gana la elección deshacerse de los valores en paraísos.

Edwin Jarrín, por su parte, expuso que el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo con la Ley, tiene a su cargo los concursos de oposición y méritos para designar Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor, miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Ahora, sería indispensable una reforma a la Ley de Participación para incorporar el cumplimiento del mandato popular del 19 de febrero en cuanto a no poseer patrimonio en paraísos fiscales y que estos parámetros regulen las designaciones.

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