17 de abril del 2015 00:00

El sector empleador pone cuatro reparos a las reformas laborales

feria empleo

Conquito realizó ayer una feria de empleo en la Escuela Politécnica Nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez y Evelyn Tapia (I) 
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La Ley Orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado martes, no solo modificará las reglas del juego en el tema de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También se traduciría en un mercado laboral más rígido que no incentiva el empleo productivo, según analistas y gremios de empresarios.

El documento tiene 59 artículos y plantea ajustes al actual Código del Trabajo que los empresarios cuestionaron en la última reunión con el presidente Rafael Correa, el pasado 2 de febrero.

Ahí se puso sobre el tapete temas como las brechas salariales, el techo para las utilidades de los trabajadores, las bonificaciones por desahucio y la eliminación del contrato a plazo fijo.

Este último tema es el que más preocupa a empleadores. Con el actual Código se puede contratar a una persona por un año, con la posibilidad de renovarlo por otro período similar. Luego de dos años se convierte en un contrato de plazo indefinido.

La reforma aprobada establece que solo habrá un período de prueba de 90 días y luego será indefinido.

Francisco Briones, analista de Inteligencia Estratégica, cree que los procesos de contratación se pueden volver más rígidos, para disminuir al mínimo la posibilidad de despidos. “Los más perjudicados serán los jóvenes porque tienen menos experiencia y los empresarios van a pensar dos veces antes de dar la oportunidad a alguien sin experiencia”, menciona.

Según el Ministerio de Trabajo, durante el 2013, de un millón de contratos celebrados, el 60% fue a plazo fijo, 36% mediante otras figuras y el 4% indefinidos.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano considera que la Ley afecta a los trabajadores que ganaban utilidades sobre el límite establecido (menos del 1% de 1,3 millones que recibieron este beneficio).

El artículo 15 de la norma establece que el tope de utilidades es de 24 salarios básicos unificados (para este año USD 8 496). Hoy no existe ningún limitante, excepto para los trabajadores de los sectores minero y petrolero, que solo reciben el 3% de las ganancias de las compañías.

Para Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, esto mermaría la productividad de los trabajadores que buscan recibir una compensación por su desempeño.

Las brechas salariales que, según el artículo 23 de la Ley, podrán ser limitadas por el ministerio rector del trabajo, según Briones y los representantes gremiales, también incidiría en una menor productividad e incluso en una fuga de cerebros de personas que han invertido en su preparación en el exterior y que aspiren sueldos altos.

¿Y el empleo inadecuado?

En este escenario de nuevas reglas laborales, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó ayer un reporte que revela que 8 de cada 10 plazas de trabajo en el país las genera el sector privado.

Según la institución, el desempleo en el primer trimestre del 2015 fue de 3,84%, es decir 1,01 puntos menos que el mismo período del 2014.

Pero el empleo inadecuado aumentó del 49,4% al 52,06%, en el mismo período. Eso significó que unas 350 000 personas, si bien tienen empleo, pasaron a engrosar las filas de los trabajadores con un empleo que no satisface las condiciones mínimas de horas o ingresos, que perciben ingresos menores al salario básico o que trabajan menos de 40 horas a la semana.

El empleo inadecuado en el país afecta a 3,8 millones de personas, según el INEC.

Para generar oportunidades de empleo, ConQuito organiza una feria de empleo que estará abierta hasta hoy, 17 de abril, en la Escuela Politécnica Nacional, en Quito.

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