6 de December de 2009 00:00

Tormentos chinos

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Marco Arauz Ortega

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El presidente Rafael Correa denunció al regresar de su último viaje a Europa que las condiciones que China quiere imponer al Ecuador para financiar el 85% del proyecto
hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair son incluso peores que las de organismos multilaterales condenados por este Gobierno.

De no variar el ‘maltrato chino’del cual se quejó Correa, habrá un cambio de las políticas ecuatorianas hacia ese país, adoptadas como parte de una visión geopolítica que quiere diversificar las relaciones internacionales hacia puntos del planeta no tradicionales.

Este capítulo revela lo que este Gobierno se ha negado a ver en casi tres años: que la diplomacia, en última instancia, es  el reflejo de los intereses de los países, aun en el caso de estar precedida de discursos altruistas sobre relaciones mundiales alternativas. China no tenía por qué ser la excepción, como tampoco lo es Brasil o ningún otro país cuando defiende a sus empresas.

Una primera conclusión inevitable de esta reciente constatación es la necesidad de revisar también las condiciones en las cuales se firmó el crédito con China, para obtener US  1 000 millones, con un interés de 7,25%, a cambio de petróleo ecuatoriano. Y las condiciones en las cuales se están cerrando negocios con empresas estatales de países amigos de este Régimen en el ámbito energético.

No está bien que se firmen acuerdos como el de explotación del campo Sacha, con socios venezolanos, y solamente después se reconozca que los cálculos operativos están mal hechos. O que se escoja como socia para el sector energético a una empresa estatal argentina solo para pagarle posteriormente una millonaria indemnización.

Y esto nos lleva de lleno a una segunda conclusión: la necesidad de transparentar los actos de gobierno, de cara a la opinión pública representada, en estos casos, por los medios de comunicación no dependientes del oficialismo. El tiempo les ha dado la razón -y no solo con respecto a  los acuerdos con empresas estatales sino a los miles de contratos firmados bajo las declaratorias de emergencia- sobre la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas permanentemente sobre el manejo de la cosa pública.

Por ejemplo, las irregularidades detectadas tardíamente en varios contratos viales por la propia autoridad ministerial se podrían haber evitado, o por lo menos atenuado, si se hubiese tratado de procesos más transparentes, tal como lo exigía la prensa independiente, pese a la intolerancia del Presidente y sus ministros y a la laxitud de las autoridades de control.

Este tema cobra mucha actualidad cuando se discute en estos días el proyecto de ley de Comunicación con la intención de controlar a la prensa incómoda. Esta, incluso con sus errores, puede ahorrarle a la sociedad tormentos chinos como el que ahora el Presidente ha tenido la bondad de denunciar públicamente.

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