28 de marzo de 2017 16:56
28 de marzo de 2017 00:00

95 toneladas de drogas fueron quemadas desde 2016

Ayer, dos ingenieros químicos verificaron que la droga sea real para luego destruirla en un horno. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

Ayer, lunes 27 de marzo, dos ingenieros químicos verificaron que la droga sea real para luego destruirla en un horno. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)
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Las sustancias son destruidas a una temperatura que oscila entre 850 y 1 200 grados centígrados. El proceso de descomposición dura apenas 12 minutos. Esa operación se ejecutó ayer, lunes 27 de marzo de 2017, en una demostración pública organizada por la Secretaría de Drogas (Seted).

Allí fueron incinerados 921 kilos de estupefacientes, entre marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas y droga líquida.
Bajo un fuerte resguardo policial, conformado por cinco patrulleros y unos 20 agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), empezó la destrucción del alcaloide.

A las 10:40, dos ingenieros químicos de la Seted, ente encargado del almacenamiento y quema de los cargamentos, iniciaron con la verificación de las sustancias, previo a su incineración. Los especialistas, equipados con batas blancas y guantes, tomaron muestras de los alcaloides. Luego los mezclaron con otros químicos en tubos de ensayo para constatar que sean drogas reales y que no hayan sido adulteradas.

Una vez que los resultados arrojaron datos positivos, los peritos guardaron una muestra de al menos cinco gramos, tomaron fotografías y los colocaron en una funda plástica.

Esa pequeña evidencia, que es utilizada en los procesos judiciales, fue sellada con un adhesivo, previo a su traslado a las bodegas de la Seted.

El resto de la sustancia, en cambio, ingresó al horno. Ese es el protocolo que repiten los químicos periódicamente antes de quemar los cargamentos confiscados a los narcos.

En el país existen tres hornos para incinerar los alcaloides. Ayer, las autoridades revelaron que uno está en Pichincha, donde se hizo la demostración, pero de los otros dos equipos no se conoce su ubicación.

Destrucción de droga incautada. Foto: EL COMERCIO

De hecho, ayer, las personas que presenciaron la destrucción firmaron un acuerdo de confidencialidad que prohíbe revelar la ubicación y la marca del denominado ‘remediador ambiental’, una máquina que mide aproximadamente 10 metros de alto por 15 de largo.

Ninguno de estos tres hornos pertenece al Estado. Los equipos son propiedad de empresas privadas, que tienen un contrato de prestación de servicios con el Gobierno.

Hasta agosto pasado, el equipo que está en Pichincha era el único que funcionaba a escala nacional. Eso trajo problemas a la hora de destruir la droga, pues la Policía debía trasladar los cargamentos confiscados en otras ciudades hasta Pichincha. Incluso las FF.AA. desplegaron sus aviones para cooperar con el traslado.

Eso fue recordado ayer por el director de la Seted, Rodrigo Suárez, y por el fiscal Diego Bolaños. Sin embargo, los dos funcionarios aclararon que eso cambió y que ahora están operativos los tres hornos que destruyen la droga enseguida.

Suárez dijo que desde enero del 2016, cuando entró a operar la Seted, se han incinerado 95 toneladas (t) de narcóticos.
Actualmente hay 7,7 t por quemar. “En los próximos días se destruirán otras 3,5 t; el resto aún debe cumplir procesos judiciales”, señaló el director.

Pero en el 2016, el déficit de hornos no era el único problema. Los juicios inconclusos también dificultaban la incineración de los alcaloides, pues mientras no concluían los litigios, las autoridades no podían ordenar la destrucción.

El año pasado se conoció que había narcóticos almacenados desde 1992. Eso llevó a tomar medidas inmediatas. La Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General advirtieron que la acumulación de estos cargamentos ilegales era una “problemática”.

Bolaños reconoció que el almacenamiento de los estupefacientes generaba problemas ambientales y de seguridad.

¿La razón? Las mafias del narcotráfico buscaban recuperar las sustancias. En la Fiscalía aún se habla del ataque registrado el 13 de abril del 2012 en las bodegas del anterior Consep, que fue eliminado tras la creación de la Seted, en el 2016.

Ese día, seis hombres ingresaron a las instalaciones, en Quito, y se llevaron una cantidad indeterminada de precursores químicos y 70 kilos de droga. Las primeras investigaciones revelaron que los sospechosos iban disfrazados como policías y así sometieron a los guardias de seguridad.

También se han registrado ataques a los hornos. Por eso ahora se mantiene bajo reserva la ubicación de estos equipos.
Para evitar estos incidentes, el nuevo Código Penal, que rige desde agosto del 2014, incorporó un artículo (474) en el que se dio un plazo máximo de 15 días para que el juez ordene la destrucción de las drogas.

Pero las autoridades admitieron ayer que no existía un protocolo para ese trámite. De allí que el 19 de septiembre del 2016, la Judicatura emitió un Reglamento que obligó a que se incinerara de inmediato toda la droga almacenada. Las sustancias de ayer son parte de 146 casos que debían ser destruidas de forma urgente.

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