21 de November de 2009 00:00

Todopoderoso M.E.

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Milton Luna Tamayo

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En nueve años, desde 1998 hasta  2007, el Congreso elaboró más de veinte proyectos de Ley de Educación General. En ese lapso, nunca fue aprobada. En  2009, en menos de un mes, la Comisión Ocasional de la Asamblea elaboró un proyecto que  acaba de aprobar en 8 días.

En este proyecto se consagra como superactor y rector al Estado central reafirmándose el viejo y antidemocrático sistema educativo. Se configura un ‘todo poderoso’ Ministerio de Educación llamado ‘Autoridad Educativa’ quien definirá políticas, textos, currículo, controles, estándares, etc., con una simbólica y ambigua ‘participación’ de padres de familia, docentes y estudiantes a través de un ente ‘consultivo’ llamado Consejo Nacional de Educación, que es una reedición de una experiencia decorativa ya vivida en las últimas décadas. Otros actores ciudadanos, las comunidades, los medios, la empresa, los gobiernos seccionales no forman parte de la construcción y seguimiento de las políticas ni de la toma de decisiones.

En el proceso de aprendizaje de la gente intervienen el Estado y sus diferentes niveles de gobierno, la escuela, la familia, las iglesias, la comunidad y los medios con diversos roles y énfasis. Con su acción concertada, característica de la ‘sociedad educadora’, se logran aprendizajes de calidad. Este concepto de corresponsabilidad y participación fue entendido en Montecristi y plasmado en la Constitución a través de muchas disposiciones, que hoy son ignoradas por el proyecto de la Comisión Ocasional.

Si hay sindéresis con la Constitución, los asambleístas de Alianza País no debieran dar paso a la óptica centralista del proyecto. Es de esperar que otros dirigentes del mismo partido que hoy encabezan importantes gobiernos seccionales como las alcaldías y prefecturas de Quito, Cuenca, Pichincha, Azuay y otros, que por esta ley corren el riesgo de convertirse en oficinas de la Dirección de Construcciones del Ministerio, debieran hacer lo mismo. De igual forma los asambleístas, alcaldes y prefectos democráticos de otras organizaciones políticas.

El espíritu de la Constitución de Montecristi apunta a construir un Estado Constitucional de Derechos. Esto significa que el Estado esté al servicio de sus ciudadanos, no que los ciudadanos estén al servicio del Estado. ¿Qué ciudadanos? Ecuatorianos y ecuatorianas libres, ejerciendo sus derechos y responsabilidades a plenitud.

No cabe que la nueva institucionalidad que se diseña a través de las nuevas leyes, entre ellas la de Educación, concentre el poder del Estado, en un Súper Ministerio de Educación, olvidándose de la sociedad y de la familia, de su participación y corresponsabilidad en la elaboración de las políticas, en la toma de decisiones y en el control social. Si esto se da, además de inconstitucional sería un error histórico.

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