Redacción Guayaquil
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Las tiendas comunitarias o de barrios se resisten a desaparecer en el mercado. Ahora solicitan que se controlen los precios que negocian las grandes cadenas de supermercados.
Un proyecto de Ley
El Ministerio de Industrias y Competitivid preparó un borrador de proyecto de Competencia y lo envió a la Presidencia de la República para su revisión. Posteriormente se enviará a la Asamblea nacional.
El objetivo del proyecto de Ley es promoverla “relación dinámica y equilibrada entre el Estado, sociedad y mercado…”
De aprobarse este proyecto, se creará una Superintendencia de la Competencia.Ayer, Luis Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (Conbade), solicitó a la Subsecretaría de Competencia del Ministerio de Industrias que se investigue sobre las formas y aplicaciones de los precios que obtienen los supermercados TIA, AKI, Supermaxi, Mi Comisariato, Megamaxi y las grandes cadenas farmacéuticas.
“Se pide que se investigue por qué y cómo los precios varían entre las grandes cadenas y las pequeñas tiendas. Ahí están perjudicando al usuario y tenderos”.
Según Gómez, con estas estrategias los supermercados están desplazando a las tiendas comunitarias que incluyen panaderías, tercenas, farmacias populares, tiendas y demás. “Con las últimas cadenas que se han instalado en los sectores populares de Guayaquil han desaparecido más de
1 000 negocios comunitarios”.
Dimitri Durán, asesor legal de la Conbade, dijo que hay supuesta práctica monopólica desleal de los supermercados y que perjudican a las tiendas y generan desempleo. “Las grandes cadenas tienen una posición de dominio que obligan a sus proveedores a entregarles un 10 y 20% más barato que los negocios pequeños”.
Además, según Durán, la mayoría de los 1,3 millones de afiliados al Seguro Social son inducidos a utilizar las tarjetas de dos cadenas de supermercados y que los beneficiarios del bono de la pobreza pueden encontrar descuentos del 8,5% solo en TIA. “Eso no es justo, ya que los usuarios deben decidir dónde ir a comprar”.
Durán sostuvo que el pedido de investigación se basa en la nueva Constitución, donde el Estado define una política de precios orientada a proteger la producción nacional y establecer mecanismos de sanción para el monopolio.
Pero las cadenas se defienden. Leonardo Salgado, director comercial de TIA, expresó que no existen diferencias de precios para nadie y que los canales minoristas son importantes.
“Los proveedores manejan muy bien sus canales de distribución y tienen promociones diferentes para cada uno y nunca son del 20%. Eso se puede comprobar con los proveedores y multinacionales”.
TIA cuenta con más de 105 locales y en los últimos años abrió entre 14 y 16 locales promedio anual. Según Salgado, los mercados se modernizan y cuando llega una cadena de supermercados a un barrio donde las cosas son caras, rápidamente se regularizan los precios y el beneficiario es el consumidor.