14 de abril de 2015 09:37

Cuatro testigos han comparecido en diligencia contra del exministro del Deporte

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Diego Bravo

La audiencia de juzgamiento en contra del exministro de Deportes, Raúl C. se realiza desde el 13 de abril del 2015 en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. El exfuncionario es procesado por presunto peculado en la adquisición de equipos deportivos en el 2007.

La primera fue una funcionaria de la Contraloría, quien fue jefe del equipo que realizó el examen especial en el Ministerio del Deporte. “Este informe determinó indicios de responsabilidad penal, debido a un sobreprecio en la adquisición de implementos deportivos, mediante un contrato suscrito entre esa institución y Rosa S.”.

Añadió que no hubo documentación que justifique la adquisición de los accesorios. Manifestó que Rafael M., director de Servicios Institucionales del Ministerio del Deporte, fue quien presentó el requerimiento de las necesidades para la adquisición.

Otro testigo fue el supervisor del equipo de la Contraloría que realizó el informe que determinó indicios de responsabilidad penal. Expresó que “Rafael M. se atribuyó funciones que no correspondían, pues no era parte del comité de contrataciones”.

El abogado de la Contraloría dijo que existieron varios hechos que determinaron indicios de responsabilidad penal en la fase precontractual, así como la carta de invitación en la que no constaban los requisitos determinados por la ley: plazo, presupuesto referencial, cantidad, etc.

Aseguró que "el requerimiento de necesidades para la adquisición de accesorios deportivos fue realizado por Rafael M., director de Servicios Institucionales de esa cartera de Estado, cuando debía hacerlo otro departamento. Pues esos implementos iban a ser destinados al Programa de Masificación del Deporte, el mismo que no constaba en el Plan Operativo Anual”, informó la Fiscalía.

La Contraloría concluyó que existió un perjuicio económico al Estado. La razón: hubo un sobreprecio en la compra de los accesorios deportivos.

El testigo aseveró que “desde el inicio del proceso se violó la normativa para adjudicar un contrato a una proveedora que por intermedio de terceras personas entregó los implementos deportivos”.

También compareció una perito contable que realizó una experticia al contrato 095-DL-2007, suscrito el 28 de diciembre del 2007.

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