9 de febrero de 2018 10:00

Tesis oficialista de la consulta se fortalece con fallo de Corte

(De Izq. a Der.) Embajador Claudio Cevallos, secretario de la Política; Miguel Carvajal, subprocurador Ricardo Velasco,  canciller María Fernanda Espinosa; titular de la Asamblea, José Serrano; ministra de Justicia, Rosana Alvarado y Juan Sebastián Medina

(De Izq. a Der.) Embajador Claudio Cevallos, secretario de la Política; Miguel Carvajal, subprocurador Ricardo Velasco, canciller María Fernanda Espinosa; titular de la Asamblea, José Serrano; ministra de Justicia, Rosana Alvarado y Juan Sebastián Medina, de Presidencia. Foto: Cortesía Cancillería

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Redacción Política

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Los argumentos que se usaron para solicitar las medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la pregunta 3 de la consulta popular, no fueron suficientes.

La Corte IDH desestimó el pedido -hecho inicialmente por tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana- con cuatro votos a favor y dos en contra. Los magistrados que se opusieron fueron Roberto F. Caldas, de Brasil, y Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina.

En el pedido de los consejeros se había solicitado que se suspendan los comicios, porque supuestamente la convocatoria no fue constitucional.

La Corte IDH, en su resolución, hizo notar que el organismo no podía actualmente frenar (con las medidas provisionales) un proceso que ya se desarrolló el domingo 4 de febrero pasado.

Además, en la demanda se señalaba como potenciales beneficiarios de las medidas a los tres consejeros, pero también a la sociedad ecuatoriana.

La Corte IDH advirtió que la sociedad ecuatoriana es un concepto abstracto y que para establecer acciones como las solicitadas se requiere que los beneficiarios sean “identificables y determinables”.

Miembros de la Corte IDH.

Miembros de la Corte IDH (de izq. a der.): Humberto Sierra, Colombia; Eduardo Grossi, Chile; Eugenio Zaffaroni, Argentina; Eduardo Ferrer, México; Patricio Pazmiño, Ecuador; Roberto Cardas, Brasil; Elizabet Odio Benito, Costa Rica.


De igual forma, la Corte IDH recordó que de acuerdo con el tipo de solicitud que se hizo, el organismo no tenía la competencia para pronunciarse o analizar el contenido de fondo de la demanda presentada.

Su papel era verificar si se cumplían los requisitos para las medidas provisionales, es decir, que se trate de una situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, que no era el caso, según la Corte IDH.

La resolución del organismo de Derechos Humanos se dio luego de que Ecuador activara a todos los representantes de las funciones del Estado alrededor de una estrategia para defender los resultados de la consulta del domingo pasado.

Una comisión especial viajó ayer (jueves 8 de febrero del 2018) a Costa Rica para defender la legalidad de los resultados, en la sede del organismo.

Estuvo integrada por la canciller María Fernanda Espinosa, el presidente de la Asamblea José Serrano y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.

También por el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el subprocurador General del Estado, Ricardo Velasco, y el asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Juan Sebastián Medina, entre otros.

Ellos se reunieron con los jueces y presentaron los argumentos del Gobierno, antes de que la Corte emita la resolución. Estaba previsto que retornen ayer mismo por la tarde a la terminal aérea de Tababela.

Horas antes, en Costa Rica, Espinosa comentó a los medios internacionales que la resolución de la Corte “ratifica” la legalidad y la “legitimidad” de la convocatoria a la consulta popular y sus resultados.

El presidente de la República, Lenín Moreno, también se pronunció tan pronto como conoció la resolución. “Quiero agradecerles, felicitar a todos los espacios que han tenido la gentileza de respaldar esta posición de respeto a la decisión de los ecuatorianos”, comentó ayer. “Así es como se trabaja por el país. Todo el país aúna, con excepción de unos dos o tres despistados
y desubicados”.

El expresidente Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, aseguró que es falso que la Corte haya dado la razón al gobierno de Moreno.

“Los asuntos de fondo no se han tocado y queda abierto el camino para las demandas por afectación de derechos e inconstitucionalidad de la consulta”, advirtió.

Pese a haberse desestimado las medidas provisionales, la Corte señaló que independientemente de lo decidido se recordaba al Estado ecuatoriano que tiene el deber de cumplir con las obligaciones para respetar los derechos
y las libertades.

La resolución

El Tribunal constató que debido a que la consulta popular se desarrolló el 4 de febrero del 2018 pasado, el pedido de que se suspendan los comicios por supuestamente ser inconstitucional quedó sin sustento.

La Corte IDH recordó que no está llamada a pronunciarse sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de los comicios de la consulta popular.

El organismo también advirtió que no puede prejuzgar la “convencionalidad del procedimiento” con el que se llevó a cabo el referendo constitucional en Ecuador.

La Corte observó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya desechó la solicitud de medidas provisionales pedida por los consejeros. También, que la Comisión tuvo el pedido más de un mes y la activó luego de realizarse el referendo el domingo.

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