La Unidad Educativa Tarqui es un recinto electoral destruido a causa del terremoto. Foto: Victor Muñoz 7 EL COMERCIO
El Consejo Nacional Electoral (CNE) detectó, en un primer levantamiento de información, que existen 182 recintos electorales, en cinco provincias, que quedaron inhabilitados después del terremoto, del pasado 16 de abril.
Aunque en la mayoría de ocasiones las unidades educativas sirven de recintos, no todos los planteles se usan con este fin. Según otro informe, el de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), existen 560 unidades afectadas gravemente (entre los que están 182 recintos inhabilitados) y 166 tienen el carácter de estar afectadas medianamente.
La provincia que más daños sufrió fue Manabí. Ahí existen 112 recintos inhabilitados de un total de 238. Le sigue Esmeraldas con 52 de 171. Entre Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Pichincha suman 18 (ver mapa). De todos los inmuebles afectados, 102 están en zona urbana y 80 en rural.
En las elecciones seccionales de febrero del 2014 se utilizaron 3 301 recintos en todo el país. El porcentaje de centros de votación inhabilitados hasta el momento solo alcanza el 5.51% y a finales de mayo la autoridad electoral realizará una segunda evaluación para determinar el tipo de daños que sufrieron los restantes.
Las delegaciones provinciales electorales también se vieron afectadas. La que mayor daño estructural sufrió fue la de Santo Domingo, que funcionaba en una edificación alquilada, y también quedó inhabilitada y no se puede entrar. Los funcionarios están trabajando en un espacio provisional.
La Delegación de Manabí tuvo leves daños en su estructura, se cayó una pared, otras están cuarteadas y con fisuras. Pero la mayoría de problemas está en la planta alta, que no se puede utilizar por el momento. Sus funcionarios trabajarán en una universidad, hasta que se refuerce la estructura.
En Esmeraldas, la delegación sufrió daños menores y la que está en Los Ríos no registra afectaciones.
Por todos estos problemas el CNE considera alquilar nuevas instalaciones para sus delegaciones. Así espera evitar que haya problemas en la presentación de los resultados electorales el próximo año.
El primer paso fue notificar a la aseguradora para ejecutar las garantías, según cada caso. Y los técnicos de la matriz están encargados de verificar que esto se cumpla.
Pero no solo los daños en los recintos deben ser evaluados. Nubia Villacís, vicepresidenta del Consejo, explicó que además se debe contabilizar los recintos que serán utilizados como albergues y conocer por cuánto tiempo tendrán ese uso. Asimismo, se deberá verificar que las vías de acceso a todas las localidades afectadas y a los recintos electorales operativos estén habilitadas. Por todo esto, la autoridad electoral deberá modificar la operatividad y logística electoral en las zonas del desastre, advirtió.
El CNE deberá, entonces, monitorear la reconstrucción de estas edificaciones para saber con cuáles recintos contarán. Una última opción, en las zonas donde no se pueda contar con recintos completos, se podría utilizar carpas para que la votación sea en las calles.
Otra opción sería reducir el número de recintos y juntas receptoras del voto, pero se aumentaría la cantidad de votantes en los puntos habilitados. El CNE, además, planea contratar prioritariamente a personas damnificadas para trabajos relacionados con el proceso electoral.
La resolución sobre los recintos electorales debe estar lista hasta el 9 de noviembre, fecha en la que se escogerán los miembros de las juntas receptoras del voto. Esto porque deben ser asignados a un determinado recinto y junta receptora del voto. Todas estas opciones serán debatidas. Los equipos técnicos se reunirán con los consejeros para indicarles los planes operativos y medidas que se deberán tomar.
Según el calendario electoral, el cambio de domicilio debe realizarse entre el 1 y el 31 de julio. Entre las posibles modificaciones estará una extensión en este período solo para las provincias más afectadas: Manabí y Esmeraldas, por la migración de sus habitantes afectados por el terremoto. Las demás etapas del proceso electoral son inamovibles.
Otro tema que deberá contemplar el CNE es la modificación de las zonas electorales, porque, según Villacís, hay sectores donde se deberá tomar en cuenta el reasentamiento de ciudadanos.
El presupuesto previsto para las elecciones generales es de USD 131 569 931 y esa cifra no se aumentará, pese a las consecuencias del terremoto. La idea es optimizarlo, agrega.
“Tenemos que ser solidarios con todos los ciudadanos dada la nueva realidad que tiene el Ecuador”. Por eso, en unas semanas, el CNE anunciará el reajuste de ese presupuesto.