Según el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, las empresas de este sector empezarán a pagar un monto trimestral al Estado, en caso de que alcancen o sobrepasen el 30% de participación en el mercado.
El artículo 34 de este cuerpo legal propone una tabla de pagos “con el fin de evitar distorsiones en el mercado de telecomunicaciones y promover la competencia”, según los asambleístas de Alianza País, que presentaron esta propuesta.
Los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes pagarían al Estado, trimestralmente, un porcentaje de sus ingresos totales.
En principio, el borrador proponía una tabla que buscaba recaudar entre el 1 y el 9% de los ingresos totales de las operadoras telefónicas que tengan una participación en el mercado sobre el 35%. Este artículo solo afectaba a Claro, que tiene el 68,07% de participación.
De aprobarse el proyecto de ley con los nuevos cambios, DirecTV también tendría que pagar un aporte por participación en el mercado.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), a septiembre de este año, DirecTV cuenta con el 34% de participación en el mercado de televisión por suscripción en el país. Es decir, debería pagar el 0,5% de sus ingresos cada tres meses.
El cobro lo realizaría la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, un organismo que se crea con el proyecto.
DirecTV no quiso emitir un pronunciamiento sobre este tema hasta no conocer el texto final del segundo borrador del proyecto de ley.
Roberto Aspiazu, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), señaló que este artículo, en primera instancia, “responde a necesidades fiscales”.
Sostuvo que el sector de las telecomunicaciones, en los últimos años, ha sido objeto de demasiada tensión política. “Siendo un sector dinámico, que genera utilidades, debe ser objeto de algún tipo de legislación dirigida para efectos de restringir ganancias que, por lo demás, son legítimas”.
Paúl Rojas, exsuperintendente de Telecomunicaciones, cree que las empresas con mayor participación en el mercado deben aportar más. “No le veo que sea perjudicial para el negocio, en otros países las empresas dominantes pagan más. Pero si afectarían a las tarifas finales para el usuario; alguien deberá pagar este aporte o costo adicional”.
El segundo borrador de este proyecto se entrega hoy al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para tratarlo la próxima reunión del Pleno.
Teodoro Maldonado: ‘Es un impuesto disfrazado’
Representante legal de Conecel
La Comisión ha hecho un cambio cosmético al proyecto original, al incluir a más empresas, pero en el fondo se quiere aplicar un impuesto disfrazado. Se argumenta que se quiere evitar el poder de mercado, pero el artículo 7 de la actual Ley de Competencia dice que tener poder de mercado no atenta contra la competencia. Pese a eso se quiera aplicar un ‘royalty’. Otro argumenta es que se quiere evitar prácticas monopólicas u oligopólicas. Ahí hay un error conceptual. Los monopolios u oligopolios son estructuras económicas que no son buenas o malas por sí mismas. Por eso la Ley de Competencia no busca evitar el poder de mercado, sino el abuso. El proyecto es discriminatorio y afecta solo a Claro.
Paola Pabón: ‘La Constitución es la base’
Asambleísta por Alianza País
Estamos colocando este artículo (34, pago por participación en el mercado) en el marco de lo que la Constitución establece, como potestad del Estado para regular, en este caso, el tema de los monopolios y los oligopolios (….) La medida no es una medida direccionada. En el caso de telecomunicaciones el mercado es complejo. Sobre el uso del espectro radioeléctrico tenemos tres operadoras que están ofertando. Por lo tanto, al generar un mecanismo que pueda permitir evitar desequilibrios en el mercado, al ser tres operadoras parecería que se apunta a una de ellas. (…) Al colocar el 30%, Movistar está por menos de esta cifra, pero sin duda hay una posibilidad de crecimiento.