23 de marzo de 2016 00:00

El TCE ha resuelto 2 354 casos en siete años

El juez Miguel Ángel Pérez se reúne con los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral, en una sesión de trabajo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El juez Miguel Ángel Pérez se reúne con los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral, en una sesión de trabajo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Redacción Política
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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), desde su creación, con la Constitución del 2008, ha emitido 2 354 sentencias, incluido su período de transición, según las cifras de su portal web.

Precisamente una de sus últimas sentencias fue la del 14 de este mes, en contra del movimiento Democracia Sí.

Por ese dictamen, el TCE les eliminó 187 000 firmas, por haber usado la imagen del exvicepresidente Lenín Moreno en la campaña de recolección. Esto pese a que Marcelo Larrea, uno de sus líderes, insiste en que es una decisión ilegal y que no han cometido delito alguno.

El TCE es una entidad independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el cual conforman la Función Electoral. Se encarga de administrar justicia electoral y dirimir los conflictos internos de las organizaciones y sancionar el incumplimiento de las normas.

Por esto es que Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, señala que las competencias del TCE quitan fuerza al CNE, que ya no tiene capacidad sancionadora.

En el Tribunal trabajan 81 personas. Y la entidad, a diferencia del CNE, no tiene delegaciones provinciales. Mientras no están en período electoral, los jueces sesionan en otras provincias, según el caso.

En los últimos dos años, el presupuesto ejecutado por la institución es de USD 8 380 615. El monto es mínimo en comparación con el del CNE, encargado de organizar las elecciones, que en el mismo tiempo superó los 110 millones.

El trabajo del TCE se intensifica en época de comicios, por lo que ahí expanden sus horarios de atención a 24 horas al día y siete días a la semana. Así se mantendrán hasta diciembre de 2017, al fin de los procesos relativos a las elecciones.

De las sentencias emitidas, el 33% fue en 2009, año en que se celebraron elecciones generales y seccionales a la vez; y el 36%, en 2011, año de la consulta popular sobre las primeras enmiendas a la Carta Magna.

Esto implica que el 31% restante se dio en cinco años. Y con estas cifras se justifica el argumento de Camacho: “el TCE no tiene qué hacer de un proceso electoral al otro”.

A su forma de ver, sí era prudente separar la parte jurisdiccional de la administrativa y de la organización de los procesos electorales. Y así no tener un organismo como el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tenía todas las competencias. Pero afirma que con una sala temporal especializada de la Corte Nacional de Justicia hubiese bastado.

Patricio Baca, titular del TCE, lo refuta. “No es un problema de volumen”, explica que una causa generalmente se resuelve entre dos, actor y demandante. Pero cuando hay una causa electoral se pueden ver afectados miles de ciudadanos.

No solo tienen procesos por gastos electorales, consultas populares o revocatorias de mandato e incumplimientos. Desde el 2015 han conocido 30 causas sobre remociones en contra de autoridades locales.

Bajo el mismo argumento esgrimido por Baca, sobre a cuántos puede afectar una resolución del TCE, Larrea insiste en que con la sentencia en contra de Democracia Sí los derechos de 187 000 firmantes fueron vulnerados.

Jorge Acosta, expresidente del TSE, concuerda en que las decisiones del Tribunal “no han sido las más felices” y que no son un ejemplo de jurisprudencia electoral.

Pero Acosta admite, al igual que Camacho, que separar las atribuciones de la autoridad electoral es válido. Aunque también cuestiona el método de selección de los jueces (concurso), que ha sido criticado por actores políticos y sociales, y que asegura no genera confianza en la ciudadanía ni las agrupaciones.

Y justamente este año, deberán reemplazarse dos de los cinco jueces, mediante un concurso de oposición y méritos, proceso a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Baca aclara que entre sus funciones está además la responsabilidad de promover y posicionar su imagen y sus competencias, ya que son una institución aún nueva. Por esto, en 2015, realizaron 124 eventos con la participación de
27 896 ciudadanos, así lo explicarán hoy 23 de marzo del 2016 los cinco jueces, en su rendición anual de cuentas.

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