12 de febrero de 2018 00:00

Las tarifas y la tarjeta de cobro en Quito, temas pendientes

Los transportistas recibirán una compensación mientras se define la nueva tarifa, si brindan un servicio de calidad. Foto: Paúl Rivas / El Comercio

Los transportistas recibirán una compensación mientras se define la nueva tarifa, si brindan un servicio de calidad. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

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La Secretaría de Movilidad tiene la misión de estructurar una propuesta de tarifas para el transporte en los próximos 90 días. Así se podrá cumplir con la meta de los concejales de revisar los pasajes en un máximo de cinco meses.

Según el secretario del ramo, Fausto Miranda, la entidad tiene estudios que determinaron la definición del valor del pasaje en dos momentos: uno sin la instalación del Sistema Inteligente de Transporte y otro luego de su entrada en funcionamiento. Este está formado por el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y un Sistema de Información al Usuario (SIU).

En principio, la propuesta era la de subir el pasaje a 30 centavos desde julio del 2017. Pero el debate de la política tarifaria se postergó desde entonces hasta la semana pasada. Mientras el tema se decide, los transportistas recibirán una compensación de USD 2 000 cada dos meses, si cumplen con el 75% de los 29 parámetros de calidad que se fijaron en una resolución aprobada por el Concejo.

Miranda afirma que, una vez listo el cronograma de implementación de tarifas, el Concejo deberá decidir si se hace “un incremento gradual o un solo incremento” al final.

El año pasado, la Comisión de Movilidad recibió información sobre consultorías que señalaban tarifas entre los 45 y 50 centavos, una vez que entrara en operaciones el Sistema Inteligente de Transporte y que se hayan reestructurado las rutas y frecuencias de los buses. Esto según el vicealcalde Eduardo del Pozo (Creo), quien votó a favor de la resolución de las compensaciones.

La primera opción es una tarifa plana -añade- que implica pagar un valor a través de un SIR. En ese caso, un pasajero pudiera, por ejemplo, embarcarse en Carapungo rumbo Quitumbe y luego a Guamaní. El pasajero haría transbordos, pero pagaría un solo pasaje hasta el final.

Así -afirma- no se hablaría de un simple incremento sino de una optimización del dinero. El pasajero se evitaría hacer pagos en cada bus al que suba.

El segundo modelo posible sería aplicar valores distintos, de acuerdo con la distancia o el tiempo recorridos.

Para que cualquiera de las dos modalidades funcione, hace falta la implementación del SIR y la tarjeta con chip que será el mecanismo de pago. La ordenanza para poner en marcha ese proyecto se aprobó el 21 de septiembre pasado y se preveía que el nuevo sistema empezara a aplicarse, de forma progresiva, entre septiembre y octubre del 2018.

Para ello, la Secretaría de Movilidad se planteó un plazo de alrededor de 45 días para abrir un concurso internacional con el fin de contratar a una empresa que se encargue de la implementación.

Pero eso aún no ha sucedido. Miranda, quien está en el cargo desde noviembre, explicó que se requiere de una consultoría para diseñar la norma técnica. Actualmente, se entregaron los términos de referencia a organismos multilaterales que deben contestar quién será el consultor, para contratarlo y luego sí llamar a concurso.
En ese proceso se decidirá qué tipo de equipos se deben contratar, la estructura de la tarjeta con chip, sus mecanismos de seguridad, etc.

Esto genera preocupación en el Concejo, porque las demoras podrían afectar la entrada en funcionamiento del Metro, que necesariamente debe contar con el sistema inteligente para el cobro de pasajes.

El concejal Carlos Páez, de Alianza País, afirma que hay desconfianza porque solo para aprobar la ordenanza del sistema inteligente pasaron 20 meses entre primero y segundo debates. Además, han pasado cerca de cinco meses desde que se aprobó esa ordenanza y aún no se han firmado contratos que permitan avanzar.

La concejala independiente Daniela Chacón agrega que desde la Comisión de Movilidad, de la que forma parte, se presionará a la Secretaría para agilizar los procesos y evitar retrasos en el Metro.

Ella considera que no se puede delegar la revisión de tarifas a la siguiente administración, que se posesionará en mayo del 2019, porque sin esa tabla no se puede avanzar en la implementación del sistema inteligente ni llegar a tiempo a la entrada en operaciones del nuevo medio de transporte.

Este sistema debería empezar su fase de pruebas en el primer semestre de ese año y entrar en operaciones en el segundo semestre.

Para ello, dice Chacón, también está pendiente la reestructuración de rutas y frecuencias. Este es un paso importante para alimentar al Metro con pasajeros y se requiere que exista la integración en el recaudo y en los viajes entre los buses de los corredores y buses convencionales que lleguen al sistema subterráneo.

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