Redacción Judicial
Al salir de la cárcel de mujeres de Quito, Fany Bone quiere instalar una microempresa textil.
Ella fue sentenciada hace 15 meses a 20 años de reclusión por el asesinato de una mujer, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La trasladaron a Quito para que cumpla su pena. Confiesa que los primeros meses de encierro fueron difíciles, en especial por la ausencia de su esposo e hijos.
Para sobrellevar su situación trató de aprovechar el tiempo libre. “Me inscribí en los cursos que da el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap)”.
El más reciente fue sobre elaboración y diseño de prendas de vestir para hombres y mujeres. “En mi casa no cosía ni una camisa y ahora confecciono hasta la ropa que uso a diario”, dice orgullosa.
Igual que Bone, otras 199 privadas de libertad participaron en el mismo curso. Contó con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto incluyó la instalación, dentro de la cárcel, de un taller industrial con 20 máquinas de coser de última tecnología. Se invirtieron USD 200 000.
“El sistema de atención integral provee trabajo, salud, actividades culturales a las personas privadas de libertad. Esto incide en su crecimiento personal”, dice Ximena Costales, subsecretaria del Ministerio de Justicia. Además, agrega, el programa facilita las peticiones de reducción de condena.
Bone lo sabe y por eso trata de aprovechar cada capacitación dentro de la cárcel. Recuerda que la primera prenda que confeccionó fue un terno verde ceñido al cuerpo. “Sentí mucha alegría al saber que lo hice con mis propias manos. Ahora todo lo que uso sale de mi máquina de coser”.
Washington Yarango, director de la cárcel, asegura que las detenidas que se vinculan a estas tareas, muestran un cambio favorable. “Se sienten motivadas y creen más en sus capacidades”.
Bone lo reconoce y por eso dice que sus primeros diseños los venderá a sus compañeras de celda y familiares. “Así, ya tendré clientes seguros para cuando inaugure mi microempresa”.