8 de January de 2010 00:00

En Tababela las obras siguen en curso

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Redacción Quito
quito@elcomercio.com

Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de  Tababela y allí  se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
   
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre  la pista de aterrizaje. 
 


86 por ciento
de los sub contratos  que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos

Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.

Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”.  Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00.  Díaz labora junto con  otras 15 personas.

Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.

Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto  luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto  delito de peculado.

Según Philippe Baril, presidente de Quiport,  no hay ningún problema en recorrer las obras,  pero considera que ahora “estamos en una situación difícil,  en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.

Él se refiere al documento legal donde  se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq,  Diego Pachel,  y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos  autores y cómplices de peculado.
 
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
  
Baril   acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas. 

Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.

Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
 Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha  envíe a consulta  al Fiscal General del Estado  sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas,  Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su  decisión luego de verificar si las versiones otorgadas  están o no bien hechas. 
  
El ex vicealcalde de Quito,  Andrés Vallejo, rechazó y criticó  la acción del fiscal de pichincha, él  considera  que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.

Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
 
Moncayo por su parte señaló  en una carta pública que renuncia a la inmunidad  política para enfrentar el proceso legal.  “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro,  ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.

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