7 de febrero de 2018 13:05

Suspensión de actividades en la Asamblea por pedido de medidas cautelares a la CIDH

Este 6 de enero del 2018 se elegirá a la Vicepresidente de la República. Los asambleístas están llegando a la sesión 493 del Pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Paul Rivas / EL COMERCIO

La sesión para crear una comisión especial que se dedique a tramitar las reformas ordenadas por la ciudadanía, en la consulta popular, se suspendió, al igual que el Pleno que estaba previsto para el 8 de febrero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

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Los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) llegaron a la Asamblea Nacional antes de las 11:00 de este miércoles, 7 de febrero del 2018. Tenían previsto participar de una reunión con el titular de la Legislatura, José Serrano, para crear una comisión especial que se dedique a tramitar las reformas ordenadas por la ciudadanía, en la consulta popular.

Sin embargo, la sesión se suspendió, al igual que el Pleno que estaba previsto para el 8 de febrero. Según el departamento de Comunicación de la Legislatura, fue por un problema con la agenda del presidente José Serrano. El Primer Mandatario, Lenín Moreno, lo había convocado junto a los otros representantes de las funciones para tratar el caso relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los legisladores tienen visiones diferentes con respecto a la solicitud de medidas cautelares solicitados por tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y que fueron remitidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana.

A Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, le llama la atención que la Comisión haya extendido el eventual beneficio de la medida cautelar por petición de tres vocales del Cpccs. “Lo más grave es el comentario que hace la Comisión porque señala que se podría vulnerar el principio de independencia de funciones y ello conduciría, en último término, que la Democracia ecuatoriana se vea empañada con rasgos anticonstitucionales”.

Aunque no existen todavía las medidas cautelares, en caso de que la Corte las emita y no sean acogidas por parte del Estado conllevaría problemas legales a futuro, añadió Torres. Por eso, considera que debería existir una buena defensa de parte del Estado ecuatoriano para evitar la emisión de estas medidas. Ahora, pasaría por la defensa de la Cancillería y Procuraduría una defensa en la Corte.

Otros legisladores, como Elizabeth Cabezas de Alianza País, consideran que mientras no existan medidas cautelares las disposiciones que se aprobaron en la consulta popular se mantendrían y, por ende, deberían cesar en sus funciones, los actuales integrantes del Cpccs.

Fabricio Villamar, de Creo, mencionó que para cumplir con el mandato ciudadano, la Asamblea podría plantearse un juicio político para terminar con las funciones de los consejeros."Aquí no hay donde perderse, los ecuatorianos quieren un cambio y ese cambio debe realizarse".

Los integrantes del grupo Revolución Ciudadana consideran que la solicitud que hizo la Comisión Interamericana suspende las decisiones tomadas vía consulta y se tendrá que esperar un pronunciamiento de la Corte antes de continuar con el proceso de reestructuración del Cpccs.

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