12 de mayo de 2016 00:00

Superintendencia podría multar a los cabildos

Richard Calderón, a la cabeza de la mesa, preside Gobiernos Áutónomos, que ha trabajado en la norma desde 2014. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Richard Calderón, a la cabeza de la mesa, preside Gobiernos Autónomos, que ha trabajado en la norma desde 2014.

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Mariela Rosero
Redacción Guayaquil (I)

Aprobar o ejecutar planes urbanísticos y obras de urbanización que incumplan estándares contemplados en la normativa vigente. Eso puede dar lugar a una sanción económica para un municipio.

El punto está considerado dentro de las infracciones graves, en una escala que parte de lo leve, pasa por lo grave y avanza a lo muy grave. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que se crearía, deberá establecer la responsabilidad administrativa del Gobierno central o de los autónomos descentralizados.

Esas faltas y sanciones sujetas al control de la Superintendencia constan en el Título VI, Capítulo II del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Esta mañana, en el Pleno de la Asamblea se votará esta propuesta, al año de realizado el primer debate del texto y a menos de un mes de ocurrido el terremoto en Manabí, que mostró debilidad en el control de la construcción.

La bancada de Alianza País aprobaría la normativa, pese a las críticas de sectores de oposición, alcaldes y también de representantes de gremios relacionados con el ámbito de la construcción. Uno de estos últimos es Handel Guayasamín, quien preside el Colegio de Arquitectos de Pichincha.

El arquitecto Guayasamín reconoció que el terremoto ha generado reflexiones importantes sobre el desarrollo irregular y no planificado de las ciudades. Sin embargo, le parece que la creación de un Consejo Técnico y de la Su­perintendencia es excesivo.

Los municipios tienen legislación y competencias específicas que les permiten actuar en relación con procesos de desarrollo urbano, apuntó, y sostuvo que no hace falta “seguir empapelándonos con nuevas leyes y normas que no se cumplan, hay que poner en vigencia las existentes. Es excesivo el afán de control por parte del Estado”. Guayasamín considera que el Gobierno central debiera apoyar con dotación de personal técnico para que cumpla funciones en los territorios y, de este modo, fortalecer lo que existe y no crear nuevos aparatos burocráticos.

La Superintendencia vigilará, auditará y controlará el correcto ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial y uso y gestión de suelo de los gobiernos locales y central. Eso dice el proyecto.

Richard Calderón, asambleísta de Alianza País, preside la Comisión de Gobiernos Autónomos. Él sostiene que hace falta un organismo de control para que la normativa sobre uso y ocupación del suelo, así como la planificación local, sea adecuadamente acatada.

Pero no solo en el Pleno de la Asamblea esta normativa causó opiniones en contra, con el segundo debate desarrollado el martes pasado. Alcaldes como el de Guayaquil, Jaime Nebot, se mostraron opuestos. Él, por ejemplo, anunció que no cumplirá la nueva regulación. Esto, aún antes de que se apruebe la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo ya genera resistencia.

Para este Burgomaestre debe haber control. El problema es que se cree un ente sancionador que nace del Ejecutivo.

“La sanción debe ser impuesta a quien viole la ley, a través de la justicia ordinaria”. En su enlace se ratificó en que la normativa es inconstitucional y aseguró que tiene “el fin oscuro de ejercer presión” sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Según Nebot, es como si los gobiernos locales pretendieran sancionar las falencias del Ejecutivo en menoscabo de su autonomía.

“La Constitución dice que aquello que se dicta, prescribe, se promulga contra la Carta Magna, carece de eficacia jurídica. Esto no es cuestión de rebeldía, es cuestión de cumplir con la Constitución”, agregó el Alcalde. Él no acatará lo que dictamine el nuevo cuerpo legal. “Hablando en castellano, yo no le voy a parar bola a eso”.

Esta Superintendencia de Ordenamiento Territorial podrá sancionar todas las infracciones administrativas cometidas por entidades del Gobierno Central y de municipios. Esta opción prescribirá en cinco años, desde el día en que se comete la falta.
Para cobrar las multas impuestas en la Ley, la Superintendencia ejercerá la acción coactiva. Este procedimiento observará las normas del ­Código Tributario.

Una sanción muy grave será, por ejemplo, incumplir con el deber de control del cumplimiento de la normativa en materia de construcción.

Ni ese punto ni ninguna de las atribuciones de la Superin­tendencia preocupan a Bawer Bailón, alcalde de Jaramijó, una de las poblaciones afectadas por el terremoto en Manabí. “Quienes acostumbramos cumplir la ley no tenemos temor; la normativa solamente reforzará nuestro papel. Nos ayuda frente a la ciudadanía acostumbrada a construir donde le da la gana”.

Eso comentó Bailón, del Partido Socialista Frente Amplio. Aunque admitió que en este momento, Jaramijó, con 24 000 habitantes y
4 000 casas, 25% de ellas con afectaciones, no cuenta con personal para desarrollar el control. “El compromiso es reforzar el área de planificación y comisaría de construcciones”.

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